El Boletín Oficial publicó ayer los primeros Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri en el nuevo año. En uno de ellos, se determina la reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo y se establece como “obligatorio y excluyente” la actuación de las Comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” para el reclamo de un trabajador. En otro, se modifica el cronograma de días no laborales y se eliminan los llamados feriados “puente”. Ambos generaron críticas, cuestionamientos y debates, tanto por aspectos formales como por cuestiones de contenido. En buena parte de la oposición, pero también en algunos aliados.
Trabajo
La firma del decreto que establece cambios en la seguridad laboral ya se había anunciado en los días previos. Según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “en los últimos años había habido un crecimiento casi exponencial de la cantidad de litigios, pero no había crecido la cantidad de accidentes, lo que estaba generando esta famosa industria del juicio”. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, argumentó en igual sentido: “para que no se sigan acumulando juicios”.
Por el lado de la CGT, no hubo sorpresas. Sabía de la inminencia de la medida y de su contenido. Y había negociado algunos puntos cuando el proyecto del oficialismo pasó por el Senado y obtuvo media sanción. No obstante, no evitaron las voces críticas. Héctor Daer, miembro del triunvirato que logró la unificación de la central, sostuvo ayer que “el tema de fondo es que este decreto no corrige lo que nosotros veníamos planteando: una efectiva ley preventiva” y sugirió que se debería haber seguido el trámite parlamentario, ya que el gobierno corre “el riesgo de que producto de este apresuramiento la norma termine cuestionada en la Justicia”. Los cuestionamiento de la CTA fueron más taxativos. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, señaló que “el Gobierno claramente está empeñado en una especie de guerra santa para bajar el costo laboral” y que este medida, lejos de generar trabajo, propende a “bajar los salarios”. Mientras que la CTA Autónoma también mostró su rechazo. Como lo hizo buena parte del peronismo.
El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, tildó de espurio al DNU, anticipó que esa fuerza irá a la Justicia para rechazarlo, cuestionó que la norma “da facultades a las Comisiones médicas como si fueran tribunales” y remarcó que “la experiencia, lo que indica, es que los trabajadores sometidos a estas comisiones pasaban un vía crucis”. Mientras que el vicepresidente de la Cámara de Diputados y presidente del PJ, José Luis Gioja, anticipó que pedirá que se convoque “rápidamente” a la comisión bicameral parlamentaria para que se expida sobre el DNU y enfatizó que “mientras menos derechos laborales existan mejor le va a ir al que tenga el capital concentrado”.
Las críticas también llegaron sectores no peronistas y algunos aliados. La diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, comparó la modalidad con la del Gobierno anterior y alertó que “cuando no hay ni urgencia ni necesidad, el decreto del poder Ejecutivo es un avance inconstitucional sobre el Legislativo. Poner restricciones y trabas al derecho del trabajador para acceder a la Justicia es inconstitucional, y hacerlo por decreto para eludir el debate parlamentario es doblemente grave”. Mientras que, por el lado del radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín fue el más duro: “Por actos como estos cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos”.
En cuanto al decreto que modificó el esquema de feriados nacionales y termina con los feriados “puentes”, también hubo polémica. Algunas cámaras de comercio apoyaron la medida, pero hubo ciertos rechazos en sectores ligados al turismo. El carácter trasladable de algunos feriados en particular, como el día de la Memoria o el de la Bandera, a su vez, generaron oposición: de parte de organismos de derechos humanos y de parte de la oposición, en el primero de los casos; de parte de la municipalidad de Rosario y la intendenta Mónica Fein, en el segundo. “Considero lamentable la decisión de volver a trasladar el Feriado Nacional del 20 de junio. Debe ser inamovible”, consideró la intendenta rosarina.
