por Héctor Rubini
Venezuela se está hundiendo en un escenario de crisis política y económica de final previsible: hiperinflación, parálisis económica y el fin del régimen de Nicolás Maduro. Al igual que al capitalismo y a otras formas de organización política y económica, al autodenominado “Socialismo del Siglo XXI” le caben las generales de la ley.
Salvo en casos de posguerras con desbalances macroeconómicos preexistentes, las elevadas inflaciones debilitan gobiernos y las hiperinflaciones terminan conduciendo a un cambio de régimen. En países con democracias representativas, generalmente fuerzan al adelantamiento de elecciones, o a la renuncia anticipada del Gobierno. La aceleración de la velocidad de la suba de precios destruye el poder de compra de quienes perciben ingresos fijos y genera tal volatilidad de precios relativos con dos efectos macro realmente mortales: tornan imposible la estimación de futuros precios e ingresos, y liquida la confianza en el dinero como reserva de valor. La búsqueda del dólar como sustituto es inevitable: la población necesita no sólo una reserva de valor sino una unidad de cuenta confiable en términos de la cual expresar contratos y cancelar pagos de contado y a plazo.
Un clásico
La administración chavista no ha sabido ni querido administrar los frutos de la renta petrolera con un mínimo de prudencia. En los períodos de altos precios internacionales del barril e ingresos de divisas, los fondos de la petrolera estatal fueron orientados fundamentalmente a redistribución a familias de menores ingresos, cierta infraestructura y compra de armamento estatal. En línea con la prédica antiestadounidense (pero sin dejar de vender petróleo a Estados Unidos), el régimen de Hugo Chávez modernizó rápidamente sus fuerzas armadas con equipos adquiridos a Rusia y China, y estrechó sus vínculos con Pekín para obras de infraestructura y viviendas con precios del petróleo superiores a los U$S 100.
Sin un programa de industrialización ni de diversificación de la oferta disponible de bienes, la baja del precio del barril de los últimos dos años revirtió el jolgorio inicial de manera abrupta. Se pasó a una formidable escasez de divisas, y las mismas se destinan fundamentalmente a la cancelación de compromisos que permitan mantener en funcionamiento la operatoria de la petrolera estatal PDVSA y el aparato militar y de seguridad interior.
La demanda interna se trató de sostener vía emisión de dinero, pero sin políticas favorables a la inversión privada. Por el contrario, se optó por acompañar la persecución a opositores con controles de precios y de cambios. Sin crecimiento de la oferta de bienes, y con precios de petróleo en caída, el escenario de estanflación que asomaba poco después de la muerte de Hugo Chávez precipitó en una fuerte recesión con aceleración inflacionaria y un tipo de cambio paralelo varias veces superior al oficial.
La otra cara de la moneda, fruto de la escasez de bienes de todo tipo y la percepción de falta de futuro, es el alarmante crecimiento del índice de homicidios por cada 100 habitantes. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, ya en 2015 el índice para Venezuela superaba en más de 10 veces el promedio mundial. Peor aún, en los últimos meses empieza a observarse también un aumento de la piratería marítima, el narcotráfico y el tráfico de personas que pagan para huir del país. A esta altura de la crisis, los saqueos a diario y las protestas contra las autoridades son tan comunes que pasan a ser una noticia irrelevante.
Lecciones
Con este escenario explosivo, si no se quiere cambiar de régimen, ni exacerbar la ira contra el Gobierno, lo peor que puede hacer es contraer de manera sorpresiva la cantidad de dinero o el acceso a bienes de consumo. Al igual que con el cepo cambiario argentino de 2011, funcionarios del Gobierno de Maduro entendieron que el único “problema” era una fuga de capitales y que la misma es motorizada por ciertos “conspiradores” con ingresos e información superior a la del resto de la población. Medida recomendada: controles de cambios.
En Argentina se optó por un régimen enmarañado de restricciones al acceso a la libre compra de divisas. En Venezuela esto ya existía, de modo que el domingo 11 de diciembre Maduro ordenó retirar el curso legal a los billetes de mayor denominación (100 bolívares) en 72 horas y canjearlos por moneda de menor denominación en un plazo de 13 días a través de los bancos.
La decisión trataría de cortar el financiamiento a la compra de dólares y a un supuesto ingreso de dólares falsos. Sin embargo, se trata de forzar a ese canje vía bancos a toda la población, cuando menos del 30% de la misma está bancarizada. Esto además significa retirar el 48% del circulante del público, y a pocos días antes de poner en circulación billetes de hasta 20.000 bolívares por la aceleración de la inflación. Una hiperinflación más que anunciada, y ya con subas de precios superiores al 70% mensual. Tanto dentro como fuera del país se espera para 2017 una aceleración de la emisión de bolívares y una inflación no inferior al 1.500%.
El largo ocaso
¿Significará el fin del régimen de Maduro? Es prematuro anticiparlo. Frente a signos de ira colectiva que no logra controlar es habitual cierta marcha atrás en algunas decisiones. Los disturbios que generó esta medida ya costaron tres vidas y el Presidente ha debido postergar la decisión monetaria hasta el 2 de enero. Difícilmente se deje sin efecto, pero también es difícil que mejore la situación de este país.
El precio del petróleo no saltará a U$S 100 (o más) al menos en 2017, y la mayoría de los gobiernos en la región le ha dado la espalda a este experimento de autoritarismo político y represión económica ineficiente. No es de extrañar la desesperación de su Cancillería por evitar la expulsión final de Venezuela del Mercosur. Sin ingresos de divisas ni mayores exportaciones, el escenario va a agravarse inexorablemente, y la probabilidad de una caída del Gobierno irá en aumento también. Hasta que ello ocurra, la hiperinflación se seguirá acelerando, exacerbando los ánimos y deteriorando aún más las condiciones de vida de todos los venezolanos.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
