“Los argentinos tenemos que elegir entre la previsibilidad de este Sistema de Riesgos del Trabajo, con la consecuente generación de empleo, o el caos”, dictaminó el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, durante el Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional. De esta manera, el funcionario insistió sobre la necesidad de avanzar con el proyecto oficial de reforma del sistema enviado al Congreso, que tiene dictamen de comisiones y podría ser tratado en el recinto durante las sesiones extraordinarias.
En el evento, organizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart) y coordinado por la Fundación Iberoamericana de Salud Ocupacional (Fiso), el funcionario llamó a “salvar” el sistema de Riesgos del Trabajo y “regresarlo al foco para el que fue creado hace veinte años”.
En un reclamo clásico del sector, Morón resaltó el desfase existente entre la baja de la siniestralidad y el aumento de demandas judiciales que golpean al sistema y expresó que para eso el Gobierno impulsa una reforma de ley que apunta a disminuir los altos niveles de litigiosidad mediante nula instauración de la evolución de las comisiones médicas como mecanismo previo y obligatorio cualquier otra vía. “Si no hacemos esto, no para la judicialidad”, alertó.
Para la presidenta de la Uart, Mara Bettiol, en la medida en que se supere el escollo de la litigiosidad exacerbada, el futuro se proyecta promisorio. “Los próximos veinte años serán de incorporación de más trabajadores de la mano del crecimiento de la economía y de la formalización del empleo, la cobertura de nuevos colectivos como los autónomos y podremos volver a nuestra esencia: a enfocarnos empleadores, trabajadores, el Estado y las ART en el leit motiv del 'accidente cero'. El foco del sistema no tiene que estar en la administración de los juicios sino en el servicio, los beneficios y la prevención”, sostuvo.
Luego de dos décadas, el Sistema de Riesgos de Trabajo cubre a 10 millones de trabajadores, brinda 6 millones de prestaciones anuales y ha logrado disminuir ?según sus propios números? un 70% el índice de fallecimientos y 30% el de siniestralidad. Por otro lado, ha multiplicado por 6 sus indemnizaciones desde la reforma de 2013.
“El embate de la litigiosidad, multiplicada por 40 desde 2004, amenaza la supervivencia de este logro colectivo de nuestra sociedad. Entendemos que la resolución de esta problemática depende de 3 aspectos. Por un lado, la unificación de los criterios jurisprudenciales, y el último fallo de la Corte es un avance en este sentido. Trabajar en la regulación del quehacer pericial, para que los honorarios se fijen en función del trabajo involucrado y no de los resultados del juicio y que los peritos utilicen el listado y el baremo previstos en la norma. Y, por último, contar con un procedimiento para determinar las incapacidades”, apuntó Bettiol.
