La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley de Emergencia Social, surgido del consenso entre casi la totalidad de los bloques políticos y las organizaciones sociales. La iniciativa apunta a darles un marco de institucionalidad a los trabajadores de la Economía Popular (que tendrán un consejo y un registro propio en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social) y pone a disposición una partida extra de $30.000 para los próximos tres años. Ayer, mientras esperaban el aval del congreso, militantes sociales montaron ollas populares y manifestaciones frente al Congreso y en otros puntos de la ciudad.
El proyecto fue impulsado principalmente por las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y consensuado luego con el oficialismo y legisladores de la oposición, con la sola excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).
Al momento de la votación obtuvo 227 votos a favor y 4 abstenciones, provenientes del FIT. Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
El texto avalado prorroga la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y pone a disposición hasta $25.000 millones durante el plazo de vigencia de la ley (que se suman a los $17.000 ya asignados para el año próximo), con posibilidad de extenderse a $5.000 millones en el 2019.
Por otro lado, dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que será un ámbito institucional permanente constituido por representantes de los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Hacienda y tres delegados de las organizaciones sociales y empresas autogestionadas.
Este consejo instalará la discusión periódica de los aumentos en los programas sociales, lo que implicará institucionalizar, de algún modo, una “paritaria social”.
El Consejo, que deberá crearse en el plazo de 90 días, será el encargado de articular los programas sociales nacionales “promoviendo su progresiva transformación en salario social complementario”. La intención de las organizaciones sociales es que el monto del salario social complementario alcance la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, se creará el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), donde se inscribirán a los trabajadores de la economía popular.
El diputado oficialista Luciano Laspina dijo que la normativa “viene a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles” y aseguró que no se trata de “una ley de emergencia en contra de nuestro Gobierno”.
Para el diputado, el proyecto en cuestión, que tras ser aprobado en Diputados será girado al Senado, “viene a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular, que no está alcanzado por las legislación y por muchos de los derechos que aquí se tratan y mucho menos por la discusión que hoy monopolizan los diarios que afecta al 8% de los trabajadores de mayores ingresos que pagan Impuesto a las Ganancias”.
“El pueblo en la calle nos marcó la agenda”, dijo Leonardo Grosso, uno de los autores del proyecto, identificado con el Movimiento Evita. En efecto, las organizaciones sociales, que fueron las mayores propulsoras de la iniciativa, montaron ollas populares frente al Congreso para esperar la media sanción.
A su turno, Néstor Pitrola, diputado nacional el FIT, cuestionó el proyecto y dijo que se trata de ”una tregua sin antecedentes”. A su vez, criticó la creación del registro de la economía popular al sostener que se trata de “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.
