El escenario desfavorable que se imaginaba en el Congreso para el gobierno de Mauricio Macri en su primer año de gestión, por contar con minorías en ambas cámaras, generaba en la previa la expectativa ante un período que se suponía caliente pero clave para imponer las políticas que marcarían los primeros meses de la administración de Cambiemos.
La primera buena noticia la recibió antes de iniciar el período de sesiones ordinarias, y fue la ruptura del Frente para la Victoria, que además de relegar al kirchnerismo a la segunda minoría ?de cien bancas a setenta y dos?, le ofreció como parte de su desmembramiento un bloque que colaboró con el oficialismo, el Justicialista, presidido por Oscar Romero e integrado por Diego Bossio. Cambiemos integró la Cámara de Diputados con ochenta y siete diputados sobre 257. Mientras que en el Senado, también beneficiado por la postura dialoguista del jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Angel Pichetto, contó con apenas quince bancas sobre setenta y dos.
Balance
En números, noventa y seis leyes fueron sancionadas durante el período ordinario del 2016, del total, el 73% surgieron del Poder Legislativo, el 26% restante, del Ejecutivo. De los proyectos con origen en el Congreso, 58 iniciativas (82%) fueron impulsadas por la oposición, siete (10%) por el interbloque oficialista y cinco fueron textos trabajados en conjunto. Los datos surgen del balance anual realizado por la fundación Directorio Legislativo.
Una cifra que suele repetirse año tras año, es la que refiere a la temática de los proyectos, materia que suele encabezar las iniciativas destinadas a fiestas nacionales, monumentos o lugares históricos. En el 2016, esta categoría se llevó el 39% de las leyes sancionadas, seguida por proyectos de tipo judicial, el 13%, y más atrás, iniciativas de materia económica, laboral y vinculadas a relaciones internacionales, las tres con diez proyectos cada una.
En cada una de las iniciativas enviadas desde la Casa Rosada al Congreso, el Gobierno tuvo que negociar con diferentes bloques opositores para lograr avances. Fueron clave en la Cámara Baja, el massismo, el bloque Justicialista, el Frente Progresista y otros bloques vinculados a las provincias, por caso, el Frente Cívico por Santiago. Esa negociación le significó en la mayoría de los casos un costo fiscal agregado al imaginado por el Ejecutivo. En el 2016, según un informe de La Nación, ese número significó el 3% del Presupuesto 2017. Pero además de costo fiscal, cada tratamiento llevó más tiempo que años atrás. Las modificaciones, demoras e idas y vueltas, dieron como resultado que, en los 26 proyectos enviados por el Ejecutivo, el promedio de días transcurridos hasta su sanción definitiva haya sido de 122 días, y de 573 para los setenta originados en el Legislativo.
Comparación
El informe, indica a su vez que de los 55 proyectos que envió el Gobierno, fueron sancionados 24. En 2015, el Gobierno de Cristina Kirchner envió 41 iniciativas y se aprobaron 27. El año pasado, el Congreso sancionó 125 proyectos, mientras que en el 2014 ?año comparable por ser el anterior no electoral? el número ascendió a 174. Asimismo, en el 2015, el 43% de los proyectos surgieron del Ejecutivo mientras que el 57% tuvo su origen en el Congreso, 82% impulsados por el oficialismo y 15% por la oposición, siempre según los datos aportados por Directorio Legislativo.
Entre las claves para un año considerado como positivo para el Gobierno de Macri en el Congreso, se destaca la labor de Emilio Monzó como presidente en la Cámara de Diputados, cargo que renovó la semana pasada tras recibir elogios de todos los bloques opositores. Se destacá a su vez el diálogo que la Casa Rosada mantuvo con los gobernadores, fundamental para la aprobación del acuerdo con los holdouts, la ley de reparación histórica que, además del pago de juicios a jubilados y el blanqueo, incluía el acuerdo con las provincias para la coparticipación y el Presupuesto 2017. Como también la predisposición de Pichetto, que con un bloque doblado, respaldo en enumeradas ocasiones al oficialismo. Sin embargo, no tuvo efecto el diálogo con mandatarios opositores en el tratamiento de la reforma electoral, y buscará revancha en la discusión por Ganancias, proyecto que toca de lleno a los intereses de los gobernadores.
