por Esteban Actis (*)
El 11 de diciembre pasado se cumplieron quince años del ingreso de la República Popular de China (RPC) a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Lejos de que la comunidad internacional realice un “festejo de quince” para celebrar dicho aniversario, la situación ha generado una tensión al interior del sistema multilateral de comercio que amenaza su funcionamiento futuro.
En 1995, cuando la RPC ingresa a la OMC, sus miembros le dieron el status de “economía en transición” para que el país asiático pueda adaptar su economía a las normas y reglas de la institución dadas las importantes regulaciones y controles estatales. Habiéndose cumplido el plazo de quince años indicado, mientras el país asiático reclama a la comunidad internacional que sea reconocida como tal, EE.UU. y la Unión Europea (entre otros países) rechazan de pleno adjudicarle el status de economía de mercado aduciendo que aún están vigentes distintas políticas que distorsionan el libre juego de la oferta y la demanda. La discusión de fondo en realidad es operativa. El reconocimiento a la RPC implicaría la dificultad de aplicar muchas medidas antidumping que todos los países emplean para evitar una inundación de productos chinos de bajo costo. En un mundo de demanda deprimida y con sobreoferta de bienes, reconocer como economía de mercado a la RPC implicaría un fuerte avance de su producción a escala global.
La decisión sobre este tema compete a todos los países miembros de la institución, entre ellos, Argentina. Las recientes declaraciones del ministro de Producción, Francisco Cabrera, parecen despejar las dudas sobre el camino que va a tomar el Gobierno. “Arreglamos con Brasil que no vamos a hacer nada. Que vamos a seguir aplicando las medidas antidumping como lo venimos haciendo actualmente”, sostuvo el funcionario.
Dada las presiones de la UIA, en nuestro país (especial de Techint) y de las centrales empresariales brasileñas (CNI-FIESP), el camino elegido parece ser el de acompañar la postura de las potencias occidentales. Esta decisión, si bien defiende de los intereses de los ?deprimidos? entramados industriales locales, choca de lleno con la reciente centralidad (y dependencia) externa que Argentina y Brasil le han dado a la RPC en sus respectivas estrategias de inserción internacional. En los últimos años, los dos países sudamericanos han profundizado con la RPC y sus actores económicos (empresas y bancos con injerencia estatal) los canales comerciales, de inversiones y de financiamiento. Es de suponer que el Gobierno de China vincule el reconocimiento en la OMC a todos los puntos de ambas relaciones bilaterales.
En el caso de Argentina, una semana antes de las declaraciones de Cabrera, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, realizó una visita al país asiático para conseguir unos US$ 33.000 millones para proyectos de obra pública en por lo menos ocho provincias. Está claro que no hay una lectura integral por parte del Gobierno en relación al vínculo con la RPC. Las retaliaciones del Gigante asiático en otras áreas no tardarán en llegar.
En términos de la política exterior argentina, no reconocer a la RPC en el marco de la OMC y seguir aplicando medidas defensivas implica elevados costos dada nuestra vulnerabilidad. Argentina tiene una interdependencia con la RPC en todo los resortes económicos: nuestras exportaciones y la imperiosa búsqueda de inversiones productivas y de capitales (la Argentina ha tomado deuda en yuanes para diversificar las fuentes, los “bonos pandas”) dependen vínculo bilateral.
Para Argentina, la situación es dilemática y ninguna decisión está libre de costos. Acompañar a la RPC en su reclamo es contrario al interés del sector productivo. Plegarse a la postura de las potencias occidentales lesionará el vínculo con la RPC afectando distintas líneas y canales negociados ?y en vía de negociación? claves para paliar una economía nacional en emergencia.
Para finalizar, ¿cómo explicar la decisión del Gobierno en este importante punto de la política exterior? Hay tres hipótesis.
Una priorización del plano nacional (evitar una ruptura política con el empresariado nacional en un contexto de debilidad política) a riesgos de contraer posibles costos en el pleno internacional.
Una política externa segmentada burocráticamente y con cierto amateurismo diplomático en suponer que se puede “encapsular” esa parte de la agenda bilateral sin que se afecte todo el vínculo.
Un nuevo indicador del giro externo que intenta el Gobierno. La decisión va en sintonía con el rebalanceo estratégico hacia las principales potencias occidentales (principalmente EE.UU.) en el marco de la próxima bipolaridad conflictiva que se avizora con la era Trump. La relación entre EE.UU. y la RPC será muchos menos cooperativa y más conflictiva de lo que ha sido con Obama, y ambos le pedirán a la periferia apoyos y definiciones concretas. En ese marco, conseguir la apertura del mercado norteamericano para productos específicos que hoy sufren trabas, un mayor compromiso del próximo gobierno para traccionar inversiones de empresas estadounidense y un guiño para volver con menos condicionalidades al financiamiento de los organismos multilaterales de créditos (FMI y/o Banco Mundial) puede ser una vinculación de cuestiones que intente el Gobierno para compensar el “costo chino” de no acompañar su reconocimiento en la OMC.
(*) Doctor en relaciones internacionales, profesor de la UNR y Becario Posdoctoral del CONICET
