Con final abierto y muchas negociaciones todavía en curso. Con declaraciones de alto voltaje y acusaciones cruzadas por actitudes “irresponsables”. Sin cerrar las puertas a un acuerdo posible y señalando la conveniencia de que así suceda, pero tensando la cuerda. La modificación en marcha del Impuesto a las Ganancias parece haberse convertido en el último gran duelo parlamentario del año, luego muchos acuerdos durante su transcurso, caída ya la reforma electoral y traspasado el período extraordinario de sesiones.
La inquietud del Gobierno por no quedar en desventaja, derrotado políticamente y con un costo fiscal mayor de lo previsto es un motor para buscar los acuerdos contrarreloj. “Ninguno tiene una mayoría propia y nosotros no cerramos los canales de diálogo”, aseguró el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, Luciano Laspina (PRO). La posibilidad de que se hagan cambios en la Cámara de Senadores, donde las chances de negociar con los gobernadores puede ser más fructífera en este caso, abre un poco más el abanico. Antes que, como pasó en el caso de antidespidos, el Gobierno piense en vetar la ley. Los bloques opositores, en tanto, tendrían los votos necesarios para imponer uno de sus dictámenes. Pero deberían unirse y subordinar algunas diferencias que persisten sobre los proyectos en danza.
En el recinto de la Cámara Baja se pondrán en consideración cuatro dictámenes. El primero será el de Cambiemos, que logró veinte firmas. “Si el proyecto del oficialismo no tiene el apoyo del Frente Renovador, que viene apoyando este año muchos proyectos del Gobierno, no tendría los 129 votos necesarios. Después viene el nuestro, que beneficia a los sectores más rezagados y hay mucho equilibrio fiscal para el Estado”, explicó Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Luego viene el despacho del massismo, compartido con el bloque Justicialista, liderado por Diego Bossio, y el Peronismo para la Victoria.
Donde no hay grandes divergencias es en el tratamiento de la ley de Emergencia Social. Tiene consenso más extendido, luego del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales de desocupados y trabajadores informales. Y prevé declarar la emergencia hasta 2019.
Debate
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, llevó en las últimas horas la voz cantante del oficialismo. Advirtió que la discusión “se debe dar en el marco de una responsabilidad fiscal” y sugirió que se logre “un acuerdo que se pueda cumplir”. En Córdoba y junto al gobernador Juan Schiaretti, el funcionario nacional señaló que “hay una brecha muy grande entre lo que proponen y la realidad fiscal”, al referirse a los proyectos de la oposición. Y sostuvo que los legisladores y dirigentes que plantean proyectos diferentes al oficial “deberían explicar con qué recursos se va a pagar, porque con los propuestas de nuevos tributos no cierran los números”.
Schiaretti, precisamente, es uno de los gobernadores que manifestó su apoyo al Gobierno, preocupado por el impacto que esto podría tener en el reparto de recursos a las provincias. En ese sentido, Peña señaló que hay que ser “cauteloso” porque “las finanzas públicas están muy presionadas y lo que se pretende es acordar un proyecto que sea acorde al plan trazado, que es cerrar el año con un déficit fiscal del 4,8%”, en 2017 el 4,2 y sucesivamente “alcanzar el equilibrio fiscal en un plazo de cinco años”. Desde el Frente Renovador, sector que forma parte de las negociaciones con el Gobierno, fueron muy duros en sus intervenciones públicas de ayer. “Lo que se va a discutir es si se cumple la promesa de campaña o no. Además, se va a discutir si el Gobierno está dispuesto, haciendo justicia con los laburantes, a gravar la renta financiera o no, si va a proteger la ganancia especulativa o no la va a proteger”, señaló Felipe Solá, miembros del bloque massista. “Le estamos asegurando al Gobierno la fuente de financiamiento, no le decimos hagan esto como puedan. Gravar la renta financiera y el dólar futuro representa más de 20 mil millones de pesos. Si sale nuestro proyecto y lo aprueba el Senado, habrá un retornó porque la plata que mejora el salario del trabajador se va a volcar al consumo”, dijo respecto de las acusaciones de “irresponsabilidad” del oficialismo.
Cruces
En tanto, la presidenta del bloque Renovador, Graciela Camaño, calificó de “mezquina” para los trabajadores la iniciativa del oficialismo, porque, dijo, “no tiene en cuenta a los monotributistas y a los jubilados”. Y señaló: “Vamos a votar alguno de los proyectos porque nadie tiene mayoría, se va a debatir profundamente el tema”. Para ella, la irresponsabilidad le compete al Gobierno, al recordar que el texto original “no incluía el financiamiento y después se copiaron de nosotros para financiarse con el dinero de las provincias”. El senador nacional de Cambiemos, Luis Naidenoff, en tanto, pidió encontrar “un término medio” y llamó a evitar “las picardías políticas”. “Hay que trabajar para ver cómo calzamos fiscalmente, si con nuevos tributos (al juego, a las mineras) o nuevas escalas para acercar posiciones”, señaló el senador. Naidenoff también consideró que de no aprobarse la propuesta tal como la contempla el Gobierno “podría terminar en un veto”, pero aclaró que ésa era una evaluación personal y no en nombre del oficialismo.
Consenso
El proyecto que sí tendría amplio consenso es el de Emergencia Social, que contaría hoy con una holgada media sanción. La iniciativa fue consensuada entre legisladores de distintos espacios y más de 40 organizaciones sociales representativas de desocupados y trabajadores informales. El Gobierno, ante la posibilidad de que avanzase una propuesta opositora en una sesión especial de consecuencias imprevisibles, se sentó a negociar y, de ese instancia, salió este proyecto, que prorroga la emergencia social hasta diciembre de 2019 y que consta de 12 artículos. Entre las firmas que tiene la iniciativa están las de los oficialistas Mario Negri (UCR) y Nicolás Massot (PRO), los peronistas disidentes Oscar Romero y Diego Bossio (bloque Justicialista), además de Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador), la socialista Alicia Ciciliani, junto a Victoria Donda (Libres del Sur) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), entre otros. Si la norma es convertida en ley, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, podrá avanzar con “reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos adicionales requeridos a los fines de la implementación de esta ley hasta un monto de 25.000 millones de pesos”. En tanto, si al 31 de diciembre de 2018 es ejecutado todo el presupuesto, el ministro coordinador podría realizar una nueva reestructuración de 5000 millones de pesos. Además, se prevé la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social, como así también el Registro Nacional de la Economía Popular, con partidas presupuestarias propias para financiar esas instituciones.
