Entrevista a Gildo Onorato
Organizaciones sociales instalarán hoy al mediodía ollas populares frente al Congreso para acompañar el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Social, que se espera que obtenga media sanción de Diputados. En diálogo con el El Economista, Gildo Onorato, referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), uno de los movimientos que encabezó las negociaciones con el Gobierno, explicó los alcances de la iniciativa, a la que definió como “una gran victoria política y un pequeño paso para que el sector de la economía popular vaya tomando forma”.
¿Los sorprendió que el macrismo haya accedido a negociar un proyecto de este tipo?
Me parece que la emergencia social y la propuesta de paritaria social que nosotros estábamos haciéndole al Gobierno junto con la Iglesia tenía poder de legitimidad y no les dejó opción. Logramos el apoyo de las dos CTA, CGT, Federación Agraria, Cgera y todos los bloques opositores con la sola excepción de la ultra izquierda trotskista. La legitimidad acumulada impuso una agenda en la realidad que terminó transformándose en la primera derrota política legislativa del Gobierno.
¿Sienten que el proyecto institucionaliza a los trabajadores populares?
Hay dos aspectos centrales del proyecto. Por un lado lo que fue la Mesa del Diálogo Social, que institucionaliza una paritaria social que no existía en la Argentina al menos desde la democracia para acá. Y lo segundo, es que la ley institucionaliza tres instrumentos que son fundamentales: la creación del Consejo de la Economía Popular institucionaliza la paritaria, la creación del registro permite que aquellos trabajadores que se inventan su trabajo ?como cartoneros o productores de la agricultura familiar? sean reconocidos como trabajadores frente al Estado y que les permita el acceso al Salario Social Complementario, que es de la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil y está orientado a complementar la ganancia que el compañero ya tiene producto de su actividad. En lo inmediato, la ley hará que la familias que accedían a programas como Argentina Trabaja o Ellas hacen, que están cobrando hoy $3.420, cobren en concepto de noviembre, bono de fin de año y adelanto de diciembre casi $10.000, lo cual nos hace pensar que van a tener un pan dulce y un pollo en la mesa.
¿Cuántas personas podrían ser alcanzadas por este Salario Social Complementario?
Si nos remitimos a la partida destinada tenemos en el acuerdo por la ley $30.000 millones por tres años y a eso hay que agregarle $17.000 millones que son los que ya están destinados para el 2017. Creemos que con eso vamos a estar llegando casi al millón que proponía el proyecto original. De todas formas sabemos que hay muchos más: cerca de 3,2 millones de trabajadores de la economía popular. La ley es una gran victoria política y un pequeño paso para que el sector vaya tomando forma.
¿La iniciativa de crear una obra social propia está en marcha?
Los casi 40.000 afiliados de la Ctep ya cuentan con una obra social hace cuatro años, que es producto de una prestadora que se llama Asociación Mutual Senderos. A través de esta prestadora los compañeros tienen servicios de salud o por la obra social de Ladrilleros o por la de los Obreros Católicos. Durante el último tiempo hemos hecho las gestiones necesarias para que todos nuestros beneficiarios y afiliados formen parte ya no a través de una prestadora de obras sociales de otros gremios, sino de la obra social propia.
¿Esta obra social sería financiada por los aportes de los propios trabajadores? Algunos denunciaron que comprometerá una caja millonaria del Estado.
Se financia con los aportes de los compañeros. Por supuesto que muchos de esos compañeros están vinculados a políticas de Estado y ahí puede haber alguna confusión, pero que quede claro que la situación de trabajo de los compañeros está garantizada y el aporte a partir del trabajo va a ser lo que sostenga la obra social. Me parece una barbaridad que se critique algo así, porque por lo que estamos peleando son derechos de los compañeros más pobres, y la salud es un derecho fundamental.
