por Héctor Rubini (*)
El jueves pasado Venezuela fue formalmente suspendida del Mercosur. Decisión acertada, aunque seguirá dando que hablar. Los gobiernos de los cuatro miembros originales del bloque notificaron al de Venezuela que quedó suspendida de sus “derechos inherentes” como Estado miembro. En la nota remitida al Gobierno de Nicolás Maduro, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay dejaron constancia de que “Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del Mercosur y que se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones. La medida adoptada regirá hasta que los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción convengan con ese país las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado Parte”.
Como ya observamos meses atrás, el Gobierno de Venezuela no ha cumplimentado las adecuaciones legales para su admisión, según los compromisos asumidos por el Gobierno de ese país en el Protocolo de Adhesión firmado en julio de 2006, y vigente desde agosto de 2012. Básicamente, se trata del incumplimiento de las cláusulas del Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 18) del 8 de noviembre de 1991, y sus protocolos adicionales, sobre la efectiva ejecución de una reducción de aranceles y barreras no arancelarias al comercio intrabloque. A esto se suma la falta de adecuación de decenas de instrumentos legales venezolanos a los acuerdos económicos, de derechos humanos y de inmigración del Mercosur.
Dimes y diretes
La canciller venezolana primero afirmó que la nota era falsa. Luego, en Twitter, calificó a la decisión de “acto írrito sustentado en la Ley de la Selva” por parte de “la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Paraguay)” y que “se pretende hacer un golpe de Estado”. Finalmente, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de ese país sostuvo en un comunicado que “los cuatro cancilleres del bloque” (con lo que se admite que Venezuela no sería ya parte del mismo) habrían incurrido en el “absurdo extremo de invocar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a sabiendas que no aplica a Venezuela por no ser signataria de dicho instrumento”. Allí afirma que “Venezuela no sólo ha cumplido ostensiblemente con el marco normativo mercosuriano incorporando en apenas cuatro años el 95% de las normas, sino que lo ha hecho con mayor eficiencia que el resto de los países, que en 25 años desde su fundación, ni siquiera se acercan a nuestro porcentaje de internalización normativo”.
Sin embargo, no hay evidencia de que Venezuela haya incorporado el Nomenclador Arancelario Común del Mercosur ni coordinado políticas con el resto del bloque, ni presentado ningún mecanismo de convergencia a un arancel cero para el comercio intrabloque. En materia de acuerdos no económicos, tampoco ha suscripto el protocolo sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de 2005, ni el acuerdo de Residencia para los Nacionales de los miembros del Mercosur, relacionado con la movilidad y residencia en cada país del bloque de personas provenientes de otro país miembro.
Números feos
La desesperación del régimen de Maduro tiene sentido. Según economistas locales, Venezuela cerraría 2016 con una inflación superior al 500%, y ya en julio pasado el FMI ha pronosticado una hiperinflación en 2017, con una suba de precios superior al 1.600%. Luego de la destrucción del 25% del PIB en tres años, la economía local continúa en estado de emergencia económica, con escasez de productos e insumos importados de todo tipo. Algo que se ha agravado con el salto del tipo de cambio paralelo, en noviembre saltó de 1.500 a más de 4.500 bolívares. En semejante descalabro, lo peor para el régimen de Caracas es quedarse en la región con pequeños aliados (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y Uruguay), y a semanas del inicio del mandato de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos.
En materia de comercio exterior, se complicaría el acceso a potenciales facilidades para importar bienes necesarios desde Mercosur, si bien la intensidad del comercio con los más grandes socios del bloque es declinante. Para los 10 primeros meses de 2016, las importaciones argentinas de Venezuela fueron de apenas U$S 57 millones y las ventas a ese país totalizaron U$S 614 millones, 44,3% menos que en igual período de 2015. En el caso de Brasil, las exportaciones a Venezuela en los 10 primeros meses de este año sumaron U$S 980 millones (61,2% menos que en enero-octubre de 2015) y las importaciones desde ese país fueron por apenas U$S 355 millones (39,1% menos que en igual período del año anterior). Ciertamente, el impacto económico de la suspensión de Venezuela será prácticamente nulo, tanto para Venezuela como para los socios originales de Mercosur.
Calle sin salida
Desde una perspectiva política, Mercosur se desprendería de un socio incómodo, pero Venezuela sería el gran perdedor: significaría el fin de su intento de ser el líder del sentimiento antinorteamericano de la región, cuando la mayoría de los gobiernos sudamericanos no tiene ninguna afinidad con el régimen autoritario de Maduro.
De ahí la apelación del Gobierno venezolano a ciertos argumentos legales para evitar la separación definitiva. La cancillería de ese país ha manifestado que “exige a los cuatro Gobiernos que dejen de eludir los procedimientos legales y se avoquen al cumplimiento del mecanismo de Negociaciones Directas contemplado en el Tratado de Olivos para la Solución de Controversias, como mecanismo de diálogo y negociación política”. Argumento previsible, ya que la suspensión obligaría a Venezuela a renegociar un nuevo Protocolo de Adhesión y a presentar un nuevo esquema de adecuación de su legislación a los acuerdos de Mercosur. Esto no será nada fácil cuando al menos tres países tienen gobiernos en contra del autoritarismo chavista, y en especial de la política de derechos humanos del régimen de Caracas. De ahí el pedido de Maduro a su colega uruguayo, Tabaré Vázquez, para concretar una reunión personal sobre la cuestión. Este último afirmó que está dispuesto a recibirlo. Sería en algún momento entre el 8 y el 14 de diciembre, fecha en la que Argentina asumirá la presidencia pro-témpore del bloque.
Habrá que ver cómo manejará nuestro país este problema junto a Brasil y Paraguay. Máxime cuando el presidente uruguayo ha afirmado ayer que “no existen elementos para aplicar la cláusula (democrática) a Venezuela”. Una postura que deberá evaluarse con cuidado, a efectos de que no sea un “leading indicator” de futuros cortocircuitos que entorpezcan los eventuales avances de Mercosur hacia acuerdos ya en negociación con la Unión Europea y eventualmente otros bloques.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL.
