Las dos distribuidoras de gas más grandes del país, Metrogas y Gas Natural Ban, presentaron ayer en audiencia pública sus propuestas de incrementos tarifarios para 2017 con subas de hasta 33%, el doble de la tasa de inflación proyectada por el Gobierno Nacional para el próximo año. Como contrapartida, prometieron inversiones por más de $ 16.000 M para ampliar la cobertura del servicio y mejorar su calidad, una exigencia que compartieron los defensores del pueblo y las asociaciones de consumidores.
En representación de Metrogas, la principal distribuidora del AMBA, expuso su gerente de Tarifas y Análisis Comercial, José Luis Fernández, quien pidió subas de 27% promedio para usuarios residenciales y de 14% para la industria. Esta suba, explicó, supone que la factura mínima bimestral sea de $ 347 y que lo que se paga por el servicio de distribución oscile entre los $ 100 y $ 150, incluidos los impuestos nacionales y provinciales.
En lo que hace a las inversiones, en tanto, Fernández proyectó un desembolso de $ 9.620 M para el próximo quinquenio (2017 a 2021), distribuida en hasta $ 1.176 M en 2017 y más de $ 2.000 M en los cuatro siguientes.
En tanto, Jorge Niemetz, director de Gas natural BAN, la otra mayor distribuidora de la zona metropolitana, propuso un aumento de entre 32% y 33% para las facturas del servicio de usuarios residenciales y de entre 29% y 30% para pequeñas y medianas empresas. Según el directivo de la compañía, con ese incremento, el 60% de los hogares pasará a pagar un promedio de $ 442 mensuales, con un techo de $ 614.
A su vez, Niemetz presentó un plan de inversión de $ 6.567 M para los próximos cinco años para pasar de un nivel de gasificación de 83% este año a 93% en 2021.
Por su parte, los defensores del pueblo reclamaron por la calidad del servicio y la necesidad de ampliarlo a nuevos consumidores. “Desde los '90, estas empresas ganaron con las privatizaciones, con la devaluación, con los subsidios, y ahora ganan con el nuevo cuadro tarifario y el mantenimiento de los subsidios, es hora de que ganen los usuarios y para eso deben invertir, brindar servicios adecuados, cumplir sus obligaciones”, planteó Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la federación de Defensores del Pueblo del todo el país, y pidió que el Estado controle que las empresas cumplan con sus compromisos de inversión.
Las asociaciones de consumidores, además, advirtieron sobre el impacto sobre el poder adquisitivo del incremento del precio de gas de poca de pozo (discutido en audiencia en septiembre), del transporte y de la distribución. El representante de Deuco, Carlos Buzetti, sintetizó con números: las propuestas de incrementos tarifarios alcanzan un acumulado de 460% respecto al momento previo a las audiencias. En ese sentido, sostuvo que “en un país con 8 millones de trabajadores que ganan $ 8.000 y 32% de pobreza, con este nivel de incrementos, los servicios energéticos dejarán de ser un derecho humano”.
La audiencia, llevada a cabo en el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, cerró una serie de cuatro audiencias públicas para tratar el esquema tarifario de las dos empresas transportadoras y nueve distribuidoras de gas que operan en las distintas regiones del país, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) propuesta por el Ministerio de Energía y Minería, que encabeza Juan José Aranguren.
