por Martín Kalos (*)
El gran problema de la estructura económica argentina es su abismal diferencia de productividad entre actividades extractivas con altos rendimientos naturales y servicios e industria con productividades muy inferiores a las de los países desarrollados.
Es el Estado el que tiene las herramientas para generar incentivos a una mayor eficiencia en el territorio nacional: también puede obtener la enorme masa de recursos que hacen falta para empezar a poner en marcha un proceso de mejora de la dinámica productiva. En el último año, los recursos estatales provienen en gran medida de la nueva deuda que ha tomado el Estado. La recaudación tributaria, en cambio, se ha reducido en términos reales (por la quita de retenciones a las exportaciones de productos primarios y sus derivados inmediatos y por la recesión) y se ha tornado más regresiva (los impuestos pesan más que el año pasado sobre el bolsillo de los sectores de menores ingresos).
Las iniciativas
En los últimos días, el Gobierno ha anunciado varias políticas tendentes a mejorar la productividad. Por ejemplo, créditos blandos (hasta U$S 200 millones en total) y beneficios fiscales para incrementar el uso de insumos nacionales en los proyectos de energías renovables; $ 2.000 millones en financiamiento (al 19,5% anual) a mipymes mineras, industriales o de servicios y, en octubre pasado, la reglamentación de los beneficios fiscales incluidos en la Ley Pyme.
De todos, el anuncio más ambicioso es el “Programa Nacional para la Transformación Productiva”, al que podrán inscribirse “empresas de transformación productiva” (“con dificultades competitivas y/o productividad declinante”) o “dinámicas” (“con capacidad genuina de competir (?) y de generar empleos de calidad”). Se apunta a que las empresas poco competitivas obtengan créditos y asistencia técnica para mejorar sus procesos y tecnología, desarrollar nuevos productos, reorientar su actividad dentro del mismo rubro o incluso fusionarse o asociarse con otras firmas, a fin de mejorar su productividad. También habrá préstamos para que las empresas ya dinámicas puedan expandirse.
En lo que resta del año, el programa contará con $200 millones, que desde 2017 subirán a $1.200 millones por año. Así, en 2017 se llevará el 13,7% del total de fondos presupuestados para el Ministerio de Producción, pero apenas el 0,05% del total de gastos previstos por el Estado, un monto demasiado escueto como para implicar un cambio de paradigma relevante en cuanto a la mejora de la productividad. Tampoco significa un incremento en el gasto destinado a políticas productivas: como todos los programas anunciados, usará los recursos de los que ya disponía el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR) creado en 2014.
Por otra parte, es probable que buena parte de estos fondos se destinen a otro de los componentes del programa: financiar los despidos de trabajadores de las empresas poco competitivas, con capacitación laboral y seis meses de una suerte de “seguro de desempleo” adicional para apaciguar el malestar social inmediato por los despidos. Otra porción se destinará a subsidiar a las empresas ya competitivas que incorporen a alguno de esos trabajadores despedidos.
Esto incluye una veta poco federal: buena parte de las empresas no competitivas son parte de economías regionales ya golpeadas por la recesión mientras que las empresas dinámicas suelen estar instaladas en los grandes centros urbanos (como la CABA). Si los trabajadores despedidos en las provincias menos desarrolladas (y con más dificultades para ser productivas) deben mudarse para conseguir un nuevo empleo, el Estado les pagará hasta dos meses de su último salario para facilitarles la transición. Según el Ministerio de Producción, 364.000 personas podrían perder su empleo en este proceso, en particular en los sectores automotriz, farmacéutico, textil y calzado, electrónica de consumo y muebles.
Así, el Estado se hace cargo de parte del costo financiero y social de dejar caer el débil entramado productivo actual y concentrarse en los sectores que ya son “dinámicos” o pueden serlo en breve, beneficiando a un sector del empresariado nacional pero sobre todo a las empresas multinacionales que operan en Argentina y pueden reconvertirse usando los recursos de sus casas matrices.
En cambio, no atiende lo suficiente a los conflictos sociales que se vislumbran en los sectores más golpeados por el proceso actual. Tampoco se advierten por el momento planes a largo plazo para orientar la reconversión en forma estratégica, que serían la señal de apoyo estatal que más necesita cualquier sector para comenzar a invertir para (en un futuro no cercano ni fácil de alcanzar) poder ser tan productivo como la competencia internacional.
(*) Director de EPyCA Consultores @martinkalos
