“Hace muchas décadas que nuestro país ha caído en manos del facilismo populista. El proceso ha sido gradual, pero sistemático, y nos ha llevado a un nivel de gasto público e intervencionismo estatal que lo hacen inviable como economía de mercado”, sostiene Carlos Rodríguez, uno de los economistas más respetados del ámbito local. “Nos hemos convertido en una economía de reparto, que vive básicamente de las rentas de nuestros abundantes recursos naturales y el esfuerzo del sector agroexportador”, agrega el rector de la Universidad del CEMA.
“Mientras el ingreso per capita permanece casi estancado hace décadas, el número de jurisdicciones político/administrativas y de empleos públicos para llenarlas crece sin cesar. También aumentan los impuestos, en número y en las alícuotas de los que ya existen”, agrega Rodríguez, que cuenta con un PhD en la Universidad de Chicago y es un activo (y picante) twittero desde @carod2015.
Según él, estamos antes un círculo viciosa que la política ha estimulado. “La presión impositiva creciente es necesaria para que el Estado absorba o subsidie el imparable número de desempleados estructurales que la misma presión impositiva genera”, subraya en un interesante artículo publicado ayer en el sitio de UCEMA.
“El financiamiento del populismo genera crisis económicas frecuentes, cuyas características más visibles son la inflación, la pobreza, la dolarización, la violación de los derechos de propiedad, el default de las deudas y la violencia social entre los marginados, que ya incluyen grupos casi militarmente organizados”, sostiene. Según Rodríguez, el loop aún no se ha detenido. “El gasto público no se toca, ¡y los puestos públicos tampoco!”, dice en su carta de denuncia que pretende, según sus palabras, “educar al soberano”.
Los números
Como buen economista, Rodríguez va a los números. Según sus cálculos, un contribuyente honesto, es decir, que trabaja en blanco y paga todos los impuestos que el Estado le impone, pierde el 76% del valor de su esfuerzo por IVA, Ganancias, aportes o Bienes Personales. “El incentivo para evadir es inmenso”, dice, y la historia tributaria local así lo demuestra.
“Mi cálculo microecómico puede ser apoyado por una visión macro mucho más simple: se estima que la presión fiscal es aproximadamente 35% del PIB y que la evasión anda por el 50%. O sea que la carga fiscal promedio sobre la mitad que paga es el doble del 35%, cerca de 70%, número bastante parecido al 76%”, dice.
Presión tributaria que no se traduce en bienes públicos eficientes que “casi perfectamente al gasto privado”. Acá, dice, “la recaudación se usa en gran parte para mantener a los que no pagan y a ofrecer servicios públicos que los contribuyentes no usan: tenemos educación privada, seguridad privada, transporte privado, salud privada, etcétera”.
