Con 47 votos positivos y 11 en contra el proyecto de Ley de Emergencia Social obtuvo ayer media sanción en el Senado. La iniciativa fue impulsada por las organizaciones Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y la Corriente Combativa y Clasista (CCC) y dispone la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, la creación de un salario social complementario para los trabajadores de la economía informal y el aumento durante el período de emergencia ?un año? del 15% en el monto mensual de la Asignación Universal por hijo y la Asignación por Embarazo.
El punto álgido del debate parlamentario estuvo relacionado con la factibilidad de la iniciativa y su financiación. En este sentido, el senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina ?uno de los firmantes del proyecto? señaló que el costo fiscal sería de $1.000 millones para diciembre y de aproximadamente otros $11.000 para el próximo año, y agregó que se encuentran avanzando en la Cámara Baja iniciativas vinculadas a la financiación. Según precisó, las propuestas contemplan gravar la renta financiera, la explotación del juego y contemplan también tomar fondos de retenciones a las mineras y del impuesto a las Ganancias. El senador Pedro Braillard Poccard justificó el voto negativo de la interbloque Cambiemos, que se encuentra encabezando en reemplazo de Angel Rozas. “Se está haciendo un enorme esfuerzo para darle la posibilidad de estar mejor a quienes hoy sufren. En este contexto tenemos que expresar una medida que puede resultar poco simpática, como es votar en contra de un proyecto que tiene un enunciado loable. Pero en la ética de la responsabilidad quienes tenemos el mandato otorgado por la ciudadanía tenemos que hacer lo que creemos que hay que hacer”, dijo.
Movilización
La media sanción tuvo lugar poco antes de la movilización que relizarán mañana las organizaciones sociales junto a la CGT y otros sectores bajo la consigna “Unidos por la justicia social”.
Ayer uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, confirmó que la central obrera marchará al Congreso junto a los movimientos sociales, la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), y consideró que la convocatoria “dejará al desnudo al Ejecutivo y a los sectores concentrados, que no han colaborado para que la situación de los trabajadores mejore”.
Durante una conferencia de prensa en la sede de Azopardo el sindicalista comunicó además que la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, “acompañará simbólicamente”.
La objeción de Peña
Ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que fue un “año duro” para los asalariados. De todos modos, consideró que reclamar leyes que prohíban los despidos o dispongan la creación de nuevos empleos no es la solución. “Está claro que nos encantaría que haya no un millón de puestos de trabajo más, sino cinco millones más y si se pudieran crear por ley, sería todo más fácil”, sostuvo.
Aún así, Peña aseguró que desde el oficialismo estarán “abiertos al diálogo” con las organizaciones sociales y la CGT, en la reunión prevista con la central obrera la semana próxima, que será la segunda mesa del Diálogo para la Producción y el Trabajo.
