La confirmación de un bono de fin de año para los estatales nacionales que llegará hasta los $3.500 le aportó un nuevo elemento a una discusión que, hasta el momento, venía siendo difusa. El Gobierno Nacional pondrá el acuerdo firmado con UPCN sobre la mesa de la segunda reunión tripartita que se realizará el próximo lunes, y alentará al resto de los sectores a seguir su ejemplo. El objetivo último del oficialismo es que el bono se otorgue para poder saldar la brecha existente entre la inflación y los salarios, y lograr que en las próximas paritarias las partes se sienten a discutir sin cuentas pendientes, de modo que los porcentajes acordados no excedan por mucho la expectativa de inflación oficial.
Sin ir más lejos, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo ayer que con el bono que otorgarán a los nacionales (que va de los $2.000 a los $3.500, dependiendo del salario del trabajador) “se cierra la discusión de este año sobre la pérdida del poder adquisitivo”.
Provincias
Si bien Ibarra sostuvo que la intención del acuerdo era ofrecer “la mejor solución, sin arrastrar a las distintas jurisdicciones”, en los hechos, ejerce presión sobre los gobernadores provinciales que no acordaron aún la entrega de un bono y que, en muchos casos, han señalado que no cuentan con los fondos para hacerlo. Lo definido oficialmente fue no girar ninguna ayuda monetaria a las provincias ?como solicitaron algunas? y dejar que cada una busque la solución que esté a su alcance. Cabe recordar que mientras el Estado Nacional tiene 740.000 empleados públicos, las provincias tienen cerca de 2,5 millones.
Antes de oficializado el acuerdo nacional, el grupo de provincias que ya habían dispuesto el bono incluía a San Juan ($5.600), Salta ($3.000), Misiones ($1.850), San Luis, Corrientes y Santiago del Estero (que no han definido montos aún), mientras que La Pampa ya lo había acordado a mediados de año ($5.000). Algunas jurisdicciones, incluso, ya han saldado las primeras cuotas.
Pese a haber anticipado que sus arcas no están pasando por un buen momento, ayer se sumaron Jujuy, que no precisó una cifra, y Santa Fe, que ofreció $1.000 como primera propuesta.
Según dijo a El Economista el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, el bono de fin de año también está garantizado en esa provincia, pero su monto dependerá de la recaudación tributaria y de que no afecte los fondos destinados a planes sociales y obras de infraestructura. Según dijo, “octubre fue el peor mes del año en materia de recaudación, lo que le pone un límite más estrecho”, máxime considerando que la cifra que fijó el Gobierno Nacional como referencia es “más alta de lo que se había hablado originalmente”.
Entre quienes señalaron que no lo pagarán se encuentra la referente de Cambiemos, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Su ministro de Economía, Hernán Lacunza, explicó semanas atrás que “un bono de $1.000 para 600.000 trabajadores significa $600 millones”, y consideró que otorgarlo sería “ahondar un déficit que deberán pagar los contribuyentes”.
Privados
En el sector privado la situación es muy heterogénea y la expectativa es que cada sector defina un bono a la medida de sus posibilidades.
En la industria la regla es la caída de la actividad, argumento que los empresarios han esgrimido una y otra vez como paraguas frente a las exigencias de los gremios. El panorama se complejiza a medida que se consideran empresas de menor tamaño; referentes pymes señalan que están haciendo un esfuerzo por conservar las fuentes de trabajo y que no tienen margen para un desembolso extra.
Los que ya han liquidado el tema son los mercantiles, que cerraron el mes pasado un acuerdo paritario para el período octubre? marzo de 2017 que absorbe el bono en el porcentaje de aumento.
En la construcción, una de las actividades más golpeadas este año, los trabajadores cobrarán una suma en concepto de remuneración extraordinaria de $500, muy inferior a lo recibido años anteriores (en 2014 el bono fue de $3.500, por ejemplo).
Los petroleros fueron uno de los pocos que llegaron, hasta ahora, a un acuerdo contundente. Las empresas productoras de hidrocarburos acordaron con los gremios el pago en cuotas de un adicional extraordinario de $3.000 junto a una serie de mecanismos para mejorar la productividad.
