La presión tributaria total (incluye los tributos nacionales, provinciales y municipales), según cálculos de la Unión Industrial Argentina (UIA), llega a 34% del PIB. La cifra fue presentada por Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la entidad. El 34% está en línea con la OCDE, pero es 10 puntos más alta que el promedio de América Latina (24,4%). Más allá de algunos avances (por ejemplo, la derogación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que se hará efectiva en 2019), aún falta mucho por hacer, consideran en la UIA y por eso proponer repensar el sistema impositivo.
Un eje es promover la inversión. Para eso, desde la entidad fabril proponen promover las inversiones en actividades productivas mediante estímulos fiscales, por ejemplo, vía un régimen de amortización acelerada de bienes y/o desgravación de parte del monto invertido del resultado impositivo en el impuesto a las ganancias. Asimismo, sugieren implementar un régimen de deducción de intereses sobre el capital propio destinado a la inversión y piden armonizar la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas con las de la región. Sobre este último tema, proponen reducir la alícuota hasta el 30% (podría complementarse con un impuesto adicional sobre utilidades distribuidas del 7%, alentando la reinversión de utilidades) y, para las pequeñas y medianas empresas, la alícuota del gravamen podría establecerse en el 25%. Por último, proponen incrementar el cómputo de pago a cuenta de cargas sociales con el IVA. “El costo laboral y previsional afecta fuertemente la competitividad industrial y fomenta la informalidad. El límite máximo de remuneración sujeta a contribuciones a cargo del empleador fue eliminado a partir del 2005, incrementando el costo laboral de las empresas en relación a su personal jerárquico”, explican en la entidad y proponen ampliar los porcentajes de cómputo de las contribuciones patronales con el IVA, siguiendo con la lógica del Decreto 814/01 y reestablecer el límite máximo de remuneración sujeta a contribuciones a cargo de los empleadores.
Asimismo, también propone eliminar las distorsiones y piden reimplantar el sistema de ajuste por inflación impositivo. Los procesos inflacionarios requieren mecanismos de ajuste que neutralicen tales distorsiones para no gravar ganancias puramente nominales. “La falta de ajuste lleva al contribuyente a responder no ya con una parte sustancial de sus ganancias sino con su patrimonio, afectando derechos y principios de rango constitucional, lo cual fue confirmado por la jurisprudencia de la Corte”, dicen en la UIA. Por eso, debería volver ese ajuste y “debe permitirse la actualización de los valores computables de amortizaciones y el costo de bienes transables”. También piden eliminar el impuesto sobre los créditos y débitos sobre las cuentas bancarias, creado en 2001. Abeledo propone incrementar gradualmente el porcentaje del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios computable como pago a cuenta de otros tributos, incluyendo el IVA, hasta su completa eliminación.
La UIA también propone revisar el régimen de coparticipación y el impuesto sobre los Ingresos Brutos. “Las provincias demandan mayores fondos coparticipables mientras que los municipios establecen nuevas tasas por servicios de dudoso sustento. Las empresas industriales soportarán así una carga injustificada e inequitativa que resulta muy nociva para la actividad económica”, dicen los industriales, que sugieren revisar los criterios de coparticipación nacional y provincial y reemplazar el impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en su caso, las tasas municipales que se recaudan en función de ingresos, por un impuesto final sobre ventas. También propone unificar y armonizar la tributación provincial y municipal, que es un caos porque hay unos 2.000 municipios.
Por último, propone modificar el actual régimen penal tributario.
