Los presidentes de los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados formalizaron ayer la presentación del proyecto de emergencia social que sintetiza el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno Nacional y algunas organizaciones sociales. El oficialismo, de esta forma, pudo neutralizar una iniciativa opositora y evitar una sesión especial de consecuencias impredecibles. Mientras que las organizaciones obtuvieron parte de lo que pretendían: declarar la emergencia hasta el 2019 y reforzar los recursos para fomentar la “economía popular” que realizan las cooperativas vinculadas a ellas.
Fue en Diputados, precisamente, donde se había refrendado el acuerdo, el miércoles pasado. Con la presencia de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Haciendo, Alfonso Prat-Gay, y organizaciones sociales como la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, sus principales impulsores. El texto acordado no contempla el millón de empleos, como la propuesta opositora pretendía, y el 15% de aumento en las asignaciones que ya habían aprobado los senadores. A cambio, declara la emergencia por tres años (en cambio de uno). En el Senado, la iniciativa opositora había recogido 47 votos positivos y 11 en contra.
Apoyos
Según el sitio Parlamentario, la iniciativa consta de doce artículos y no lleva la firma de ningún representante del Frente para la Victoria-PJ, que desde un principio manifestó sus reparos al proyecto, pero aclaró que votará a favor. La Emergencia Social duraría hasta el 31 de diciembre de 2019, según indica el artículo primero del texto, que ingresó por Mesa de Entradas en horas de la tarde. Entre quienes suscribieron el proyecto están los diputados Nicolás Massot, del PRO; Mario Negri, de la UCR; Sergio Massa y Graciela Camaño, del Frente Renovador; Diego Bossio y Oscar Romero, del Bloque Justicialista; Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita; Victoria Donda y Federico Masso, de Libres del Sur; Alicia Ciciliani, del Partido Socialista; Jorge Franco, del Frente de la Concordia Misionero y Alcira Argumedo, de Proyecto Sur.
Fundamentos
El proyecto en cuestión establece que la futura ley “tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. En ese marco, se crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”. Este organismo estaría integrado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales, y debería comenzar a funcionar dentro de los 90 días desde la promulgación de la ley.
