por Mariano Deagusto (*)
En los últimos días tomó fuerza la intención de gravar la renta financiera, iniciativa promocionada por el diputado Sergio Massa. La medida suena agradable y es bien vista por la opinión pública, ya que supuestamente impactará en especuladores millonarios, que tienen ganancias extraordinarias. Pero detrás de frases hechas para la tribuna, ¿y si las consecuencias de la medida fueran tasas de interés más altas, menos inversión y crédito más escaso para consumidores y la producción?
El debate
En primer lugar, hay que distinguir qué es la renta financiera. Dentro de esta definición pueden entrar las ganancias por compraventa de acciones, bonos públicos y privados, contratos de “dólar futuro” u otros activos, rescates de cuotapartes de fondos de inversión y también el cobro de intereses de los depósitos a plazo, bonos, etcétera. Por lo poco que se dice de los proyectos de gravar a la renta financiera, se entiende que la intención es que a estas operaciones se les aplique el Impuesto a las Ganancias, ya que están exentas para las personas físicas. De todas formas, los contribuyentes ya tributan por sus inversiones dado que, por ejemplo, sobre la tenencia de acciones y fondos comunes de inversión se paga el Impuesto a los Bienes Personales.
Gravar la renta financiera no es otra cosa que cobrarle impuestos a los ahorros de las personas, y el ahorro es lo que luego se transforma en inversiones, esas que tanto se espera que lluevan. Las inversiones financieras permiten fondear a las empresas, personas y hasta al Gobierno (a través de los títulos públicos), lo que muchas veces se traduce en inversiones reales. Se quiere distinguir entre inversión productiva y financiera, como si una fuera buena y otra mala. Sin embargo, son dos caras de la misma moneda. No sólo se complementan: ambas buscan un retorno y se enfrentan a determinados riesgos.
Más comentarios
Es cierto que en muchos países este tipo de impuesto es común, incluso en algunos de América Latina. Pero estos países cuentan con mercados de capitales más desarrollados que el argentino. A modo de ejemplo, la capitalización de las empresas argentinas que cotizan en Bolsa, en porcentaje del PIB, alcanzó el 9,6% en 2015, según el Banco Mundial. Muy por debajo de países de la región como Chile (79,2%), Brasil (27,6%), Colombia (29,4%) y Perú (29,4%). De hecho, la iniciativa se contrapone con el proyecto de Ley de Reforma del Mercado de Capitales, presentada por el Gobierno, que busca estimular el mercado local a través de algunas exenciones impositivas y eliminación de regulaciones. Sumarle una mayor carga tributaria a un sector con tan poca profundidad sería ponerle un cepo que complique su evolución.
Por otro lado, la oposición critica la dureza de la política monetaria del BCRA porque afecta el crédito privado. Sin embargo, un impuesto a los intereses de los depósitos no haría otra cosa que elevar aún más la tasa de interés y desincentivaría a nuevos depositantes ya que su retorno efectivo sería menor. Esto se traduce en préstamos más caros para la sociedad. En Argentina, el crédito interno al sector privado es equivalente al 14,7% del PIB, detrás de Brasil (67,8%), Chile (111,2%) e incluso Paraguay (57,1%), también según el Banco Mundial. Además, la medida tendría una aplicación polémica: este año, un depósito a plazo fijo pagó menos de 30% anual, con una inflación cercana al 40%, ¿el impuesto se cobraría sobre ese 30% aun cuando el ahorrista perdiera 10% en términos reales? Recordemos que las empresas tienen prohibido ajustar sus balances por inflación.
Por el lado del impacto en la recaudación, las cifras son aún menos convincentes. La exención de Ganancias a los intereses de Títulos Públicos y de depósitos bancarios representa $ 20.000 millones según el Frente Renovador, lo que equivale a menos del 0,8% de la recaudación estimada en el Presupuesto 2017. Además, con esa suma más un impuesto especial a los juegos de azar, los legisladores opositores desean cubrir a la vez los baches fiscales que provocarían la modificación del Impuesto a las Ganancias y la Ley de Emergencia Social, algo matemáticamente imposible.
Habrá que esperar para ver si este proyecto prospera y de qué forma lo hace. Sería deseable que la sociedad no permita que el Estado siga aumentando la ya elevadísima presión tributaria, además de dañar el ahorro y la inversión, motores del crecimiento económico. La responsabilidad fiscal, tanto a la hora de recaudar como de gastar, debe ser prioritaria para alcanzar un proceso de desarrollo sostenible en el tiempo.
(*) Economista y analista de la Fundación Libertad y Progreso.
