Una semana atrás la oposición frustraba la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri cuente con el proyecto de ley de Participación Público Privada. Para el Ejecutivo, la iniciativa, es una herramienta para atraer inversión extranjera, inyectarla en la obra pública y así, reimpulsar la economía. Siete días después, con más de veinte cambios y 33% de participación de industria nacional en los contratos, el proyecto fue aprobado 151 votos a su favor y 77 rechazos, y retornará a la cámara de origen para su sanción definitiva , en esta oportunidad el Senado,. Fue con respaldo del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, y el rechazo, entre otros bloques, del FpV y el Frente Amplio Progresista.
¿Quién incluyó en el texto el requisito obligatorio de 33% de participación nacional? “El Frente Renovador exige mínimo 33% mínimo para empresas nacionales en contratación publica privada”, tuiteaba el martes el diputado del Frente Renovador, y hombre de la Unión Industrial, José Ignacio De Mendiguren. El Vasco, se oponía al texto que había arribado con media sanción de la Cámara Alta. Minutos más tarde, el compañero de banca y miembro del triunvirato que preside la CGT, Héctor Daer, le corrigió, también por Twitter: “Querido Vasco, el aumento de compre nacional lo consiguió la CGT no el Frente Renovador”. Desde el massismo asumen que, si se trataba la semana pasada el proyecto, tal como estaba, se iban a exhibir algunas disidencias que haya el interbloque liderado por Sergio Massa. A pesar de las modificaciones, Daer y Facundo Moyano, también crítico de la iniciativa, decidieron abstenerse en la votación.
“La ley para fomentar alianzas público-privadas en las inversiones que votamos en Diputados es de las más trascendentes de los últimos tiempos”, aseguró De Mendiguren, y agregó que “el día que el Gobierno se disponía a aprobar el proyecto sin mucho debate, pedí que se aumentara la participación de las empresas nacionales”. “El martes, finalmente el oficialismo aceptó nuestra propuesta para que haya un cupo del 33% para pymes y empresas nacionales. Soy un industrial en el Congreso. Mi trabajo es defender y promover la industria y el empleo nacional”, agregó el diputado massista. Sobre algunas diferencias con sus compañeros, sostuvo que no es “nada grave” y es lo que identifica al interbloque que representa. A pesar del ánimo de De Mendiguren de bajar un grado a los rumores sobre las rupturas en el bloque massista, la postura tomada por Moyano y Daer fue igualada en anteriores oportunidades, como con el acuerdo con los holdouts, o la ley antidespidos.
“Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho”, argumentó el miembro informante por Cambiemos, Daniel Lipovetzky, titular de la comisión de Legislación Penal. Para el macrista, la iniciativa “va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”. En la otra punta del recinto, el exministro de Economía Axel Kicillof aseveró que el proyecto significa “tercerizar o privatizar el proceso de contratación de obra pública en el país” y está hecha “para eludir el derecho administrativo argentino”.
El proyecto que establece aporte privado a la obra pública, había sido aprobada en el Senado por 48 votos, el pasado 21 de septiembre.
