El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció ayer que, en caso de que sea aprobada la reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya tuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados, a la aplicabilidad de la norma referida a la duración del mandato de la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, podría “judicializarse”. Y señaló que lo que el oficialismo busca con la iniciativa es “tener un Ministerio Público más democrático, con más equilibrio de poder” que incluya “controles que hasta hoy no existen”.
Garavano reiteró que “el Gobierno tiene una visión crítica” sobre la actual situación de la procuradora Alejandra Gils Carbó, y afirmó que “la Constitución prevé que (ese cargo) no sea vitalicio y en la Convención Constituyente (de 1994) se hablaba de una limitación de cinco años” para la duración del mandato del jefe o jefa de los fiscales. La iniciativa contó con el respaldo de los diputados de Cambiemos, pero también los del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el GEN. En el debate y las negociaciones con estos bloques, el oficialismo acordó que el mandato del jefe de los fiscales sea de cinco años, con la posibilidad de extenderlo por otro período de igual duración.
Los legisladores más críticos de esta iniciativa fueron los del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. “Están tratando de darle un marco legal a un mecanismo de remoción. Como no quieren recurrir al juicio político, están haciendo una ley nueva para cargarse a la procuradora”, dijo la diputada del FpV, María Emilia Soria, vicepresidenta de la comisión de Justicia. La legisladora también criticó la intervención del Poder Ejecutivo y Legislativo “en un organismo que tiene autonomía por Constitución”.
Además, denunciaron que no había mención en la iniciativa a las unidades fiscales de violencia contra la mujer, AMIA y la especializada en casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, que generó preocupación en los organismos de derechos humanos y en los organizadores de la marcha “Ni una menos” y del paro nacional de mujeres de ayer. “Genera una gran incertidumbre y preocupación en la Asociación que presido, pues imposibilitaría la continuidad al frente de la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado de su actual titular, el fiscal general Pablo Parenti, quien si bien lleva más de una década en el MPF no reúne el requisito de antigüedad”, indicó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Respecto a esto, Garavano sostuvo que la reforma no contempla “de ningún modo la afectación de unidades”. “El proyecto tiene algunas unidades indicativas, algunas pautas mínimas; lo mismo que la unidad fiscal AMIA que son unidades fiscales que no hay problemas que sigan”, justificó el ministro, en diálogo con Radio Continental. Además, sostuvo que la iniciativa “tiene algunas unidades indicativas y está en facultad del procurador general y de la comisión (de fiscales) crearlas”.
