Entrevista a Delia Ferreira Rubio, Especialista en Derecho Constitucional
¿Los retrasos que tuvo el tratamiento le quitan legitimidad al proyecto?
El problema no son los rechazos, por que ha habido una discusión normal en el Congreso, después del dictamen se ha esperado el plazo reglamentario para que sea tratado en el recinto pero los tiempos se acortan y se supone que se tienen que hacer una serie de licitaciones, examinar el hardware, el software. El Ejecutivo sigue con el compromiso de elegir que sistema va a aplicar y contárnoslo 180 días antes de la elección, el tiempo es corto.
¿Cree que las disidencias planteadas en el proyecto perjudican la confianza que requiere la reforma?
Lo que genera dudas es el proyecto en sí, no las disidencias. Hay disidencias que son sólidas y que reflejan las objeciones que se plantearon en los plenarios de comisión. La iniciativa, con la mayoría de las firmas en el dictamen, insiste en un sistema que no garantiza el secreto del voto.
¿Qué rescata como positivo de la reforma?
El aumento de auditores en la Cámara Electoral para controlar el financiamiento, aunque sea todavía algo parcial y habrá que esperar a una segunda parte de la reforma. Pero la verdad es que no creo que sustancialmente el proyecto traiga muchas mejoras.
¿Lo negativo?
El voto electrónico, sin dudas. En vez de optar por un sistema de boleta única papel, como se vota en el mundo entero mayoritariamente, estamos delegando al Poder Ejecutivo la decisión del sistema que se va a utilizar. En el texto del proyecto, las características están explicadas con grandes generalidades, y además incluye una amplia delegación en el Ejecutivo del sistema, y eso es inconstitucional. La determinación del sistema electoral es una facultad del Congreso. Tan es así que para aprobarse se requiere de una mayoría especial. El Ejecutivo no puede dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en temas electorales o partidos políticos, es la máxima herramienta en cuanto a Poder Legislativo con la que cuenta el Ejecutivo. La delegación de facultades es en materia ordinarias de administración, el tema electoral, de ninguna manera es una materia ordinaria de administración.
¿Ve posible que el sistema pueda implementarse de acá al año que viene en todo el país?
No lo creo razonable. Además, si se implementaba gradualmente, como se especulaba en un momento, existían otros problemas, como las características del voto en aquellos distritos en los cuales no se lleve el nuevo sistema. Los países en general, que han optado por este sistema, aunque después lo hayan abandonado, como Alemania, Holanda o Inglaterra, aplicaron el sistema de forma gradual o experimental. Aquí se van a comprar 120.000 maquinas para ponerlas de golpe de Ushuaia hasta la Quiaca. Eso plantea múltiples problemas en cuanto a la auditoría y la factibilidad, y en cuanto a qué pasa si esto no funciona, porque el proyecto no da a lugar a ningún tipo de excepción. En el texto original había un pequeño margen, que desapareció en el dictamen final. En el punto de vista económico también hay observaciones para hacer, porque estás maquinas, que el Gobierno dice que pueden reutilizarlas en oficinas públicas o escuelas, pero dentro de dos años va a haber comprar otras 120.000 maquinas, y así constantemente. Si uno analiza costo y beneficio, el beneficio que supuestamente ofrece, que es la modernidad, no es tal, y tampoco es más económico. La rapidez en el escrutinio puede ser, pero no hay garantías de que sea confiable. El secreto de voto no está garantizado, de manera que me parece que se está haciendo una apuesta equivocada. Hace años que se reclama por eliminar el sistema de boletas partidarias, para ir hacia una de boleta única de papel, como el que adoptaron con distintos modelos Córdoba y Santa Fe y en la mayor parte del mundo.
