por Juan Pablo Paladino (*)
La participación en el mercado de trabajo es en Argentina, y en la mayoría de los países, el factor determinante a la hora de evaluar las condiciones de vida. Alrededor del 70% del presupuesto de los hogares argentinos proviene del mercado laboral.
Pero no es novedad que hay una profunda heterogeneidad en la forma de participar en el mercado de trabajo. Casi la mitad de la población argentina participa del mercado laboral, y dentro de ésta nueve de cada diez está ocupada. Dentro de los ocupados, tres de cada cuatro revisten la condición de asalariados (podrían sintetizarse como “con renta fija”) mientras que el resto es patrón o trabajador por cuenta propia.
Atravesando esta estructura ocupacional aparece el flagelo de la informalidad, como “refugio” ante la incapacidad de la estructura productiva de absorber la totalidad de la oferta laboral. Es así como tenemos hoy a un tercio de los asalariados “en negro” y un gran número de cuentapropistas desenvolviéndose en trabajos informales y de baja productividad. De hecho, los ingresos provenientes del mercado laboral en los trabajadores asalariados informales y por cuenta propia es, en promedio, inferior al del trabajo asalariado en su conjunto, y tienen elevados niveles de subocupación horaria.
La raíz
Es decir, la estructura de ingresos que emana del mercado laboral argentino está en la raíz de la desigualdad en la distribución del ingreso, y en gran medida explica la gravedad de los indicadores sociales, especialmente en lo referente a pobreza e indigencia.
Pero un agravante adicional surge cuando se observa que el impacto de la aceleración inflacionaria es muy heterogéneo en los distintos segmentos de la población, justamente por la estructura del mercado laboral comentada.
¿Y por qué ocurre esto? En primer término, porque si bien la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía, no todos los precios aumentan al mismo ritmo (esta es la origen de los desórdenes de precios relativos que se produce con la inflación).
Pero, más importante aún, porque los mecanismos para protegerse de la inflación son profundamente desiguales.
Partiendo desde la base, los sectores pasivos, desocupados e informales de menores ingresos son la prioridad del Estado, con las jubilaciones y los planes de transferencia de ingreso. En este caso, la fórmula de movilidad constituye un mecanismo que, aunque imperfecto, permite acotar el impacto de la inflación, a lo que se suman los distintos “pluses” (mayo y diciembre) que operan como amortiguadores adicionales. Más importante aún, este mecanismo garantiza una suba real del poder adquisitivo en contextos de desinflación.
Por otra parte, los asalariados formales sindicalizados tienen a las paritarias como el principal mecanismo de protección del poder de compra, y poseen fuerza propia en la puja distributiva, logrando adicionales como la suba del Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias o el bono de fin de año.
Asimismo, aquellos que por cuenta propia logran ingresos correspondientes a los deciles superiores de la distribución del ingreso suelen tener el nivel de sofisticación necesario para proveerse sus propios mecanismos de protección contra la inflación, como la captura de elevadas rentas financieras, la dolarización de sus portafolios o la pesificación de pasivos a tasa fija.
Los más expuestos Entonces, es en el medio donde la inflación está haciendo un mayor daño relativo. En aquellos sectores sin fuerza propia en la puja distributiva, sin mecanismos automáticos de protección del poder de compra de sus ingresos, sin acceso a servicios financieros accesibles y con factores de exclusión vinculantes para recibir protección del Estado. Esencialmente, el sector informal es el que siente con mayor fuerza relativa el actual contexto inflacionario-rrecesivo.
Si bien un eventual repunte de la economía en 2017 podría aliviar la situación de este segmento, lo que queda en evidencia es que hay una extensa franja de compatriotas que al no quedar comprendida por la política social pero tampoco por los mecanismos de protección que brinda el mercado laboral es la más expuesta a los vaivenes de la economía.
Claro que para solucionar este problema estructural se requiere una multiplicidad de políticas de todos los órdenes (macroeconómicas, productivas, institucionales, sociales), ya que en última instancia lo que se necesita es que la estructura productiva pueda absorber a toda la oferta laboral. Y esto no se logrará de un día para el otro.
Dos conclusiones surgen entonces. En primer lugar, se deberá diseñar algún mecanismo de protección (transitorio) para este segmento. En segundo lugar, hay que poner como norte la inclusión de este sector en el circuito productivo y en los esquemas de protección de riesgos sociales (vejez, salud, etcétera), ya que sin esto último, la “pobreza cero” seguirá siendo una utopía.
(*) Economista
