por Juan Radonjic
Existe consenso entre los economistas que en Argentina debe aumentar la inversión porque es la única forma de asegurar el crecimiento de largo plazo. El Gobierno pretende ir a un esquema económico que, a diferencia del anterior, repose más en las inversiones y en las exportaciones que en el consumo. Es un objetivo razonable, pero no es simple de lograr.
Las razones son varias y van desde la incertidumbre política hasta el contexto regional adverso. Se suele escuchar también por parte de muchos funcionarios quejas por la lentitud de los empresarios locales en poner en marcha inversiones. Muchos, además, destacan que los empresarios del exterior muestran más confianza. Pero conviene poner esas definiciones en contexto porque desde afuera llueven dólares para aprovechar circunstancias financieras muy favorables y, para la producción, es mucho menos lo que llega. Es cierto que en el exterior se mira con mucha simpatía al proceso político abierto en Argentina y es lógico que así sea porque en el mundo desarrollado preocupa el auge del populismo mientras que ganaron las elecciones los que prometieron, precisamente, terminar con el populismo. A su vez, el apoyo por parte de los empresarios locales es esperable para un Gobierno afín, luego de años de confrontación con el anterior.
Pero para hundir capitales hace falta un escenario de rentabilidad que aún no está claro en muchos sectores porque persisten las distorsiones de precios relativos. Si un empresario le dijese a uno de los funcionarios que reclama inversiones que tiene X millones para llevar adelante un proyecto industrial y que le sugiera dónde colocarlos, difícilmente recibiría una respuesta convincente. Los precios de la energía, la estructura impositiva y el valor del dólar son claves para poder determinar la rentabilidad en proyectos asociados a bienes transables.
La experiencia muestra que la economía argentina funciona mejor con un tipo de cambio competitivo. Es decir, con un dólar estable y más alto que el actual, pero siempre se recuerda que la devaluación impacta sobre los precios. Siguiendo esos razonamientos, la economía argentina estaría condenada a optar entre estabilidad o un desarrollo industrial que genere empleos de calidad.
Pues bien, es responsabilidad de las autoridades económicas resolver ese dilema, enfrentar el desafío y diseñar una política que permita tener un tipo de cambio competitivo sin que se acelere la tasa de inflación. Y está siempre el riesgo de la tentación del corto plazo que es atrasar el tipo de cambio para que los salarios suban en dólares, como ocurrirá en 2017, para expandir el consumo, aunque eso afecte el crecimiento de largo plazo.
En ese esquema, el oficialismo ganaría las elecciones (fundamental si se quiere reducir la incertidumbre política), pero también se corre el riesgo de que los funcionarios sigan yendo a foros nacionales e internacionales reclamando más inversiones. El desafío de los próximos años es hacer compatibles objetivos que siempre aparecieron disociados en la economía argentina.
El BCRA sostiene que no tiene un objetivo en materia de tipo de cambio sino una meta de inflación. Está bien que así sea porque esa es su función. Pero en otras áreas del sector público, sí debe pensarse en la cuestión cambiaria. Es prioritario bajar la tasa de inflación pero la herramienta para lograrlo no puede ser anclar el dólar. Muchos economistas sostienen que Argentina tiene una tendencia estructural al atraso cambiario que puede acentuarse en los próximos años por la entrada de dólares que va a producirse por distintos motivos. Pero más que resignarse a ese dato, el Gobierno debe tener iniciativas para evitarlo.
