Luego de dos encuentros suspendidos y en el marco de una interna caliente generada por el acuerdo sellado entre la cúpula de la central y el Gobierno, el Consejo Directivo de la CGT volvió a reunirse ayer y decidió sumarse a la movilización convocada por movimientos sociales para el 18 de noviembre con el objetivo de reclamar que se decrete la emergencia social. Si bien desde la central obrera aclararon que no se tratará de un “paro” ni significa la retirada de la mesa de diálogo abierta por el Gobierno, será un acontecimiento de peso, dado que por primera vez en muchos años trabajadores organizados e informales convergirán masivamente en la calle.
La demanda principal que se embanderará en la movilización será la sanción de la Ley de Emergencia Social, presentada en abril en Diputados por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie. Entre sus puntos principales, el proyecto propone institucionalizar un diálogo permanente entre el Gobierno y las organizaciones de la economía popular y el pago de un salario social complementario para los sectores informales.
La decisión de sumarse a la medida fue tomada por la CGT un día después de que recibiera en su sede de Azopardo a representantes la Ctep, la CCC y Barrios de Pie, que le hicieron el pedido de adhesión. En una conferencia posterior a la reunión, Juan Carlos Schmid anticipó que la central no sólo quería acompañar sino “ser parte” del reclamo, y que lo pondría a consideración del consejo directivo. “Nosotros no queremos ir ni detrás ni adelante, vamos a ir al lado de los compañeros porque la emergencia social y laboral, donde se encierra el problema del empleo y de la sobrevivencia, es un problema común”, expresó Schmid.
En la movilización por el día de San Cayetano en agosto pasado ya hubo una confluencia parcial entre movimientos sociales y algunos fragmentos de la CGT ? del mismo modo que hubo diálogo a lo largo del año?, aunque la de noviembre sería una convergencia mucho más orgánica.
Pese a la decisión, dirigentes de la CGT anticiparon que no significa abandonar la mesa de discusión tripartita abierta por el Gobierno, y que tampoco es una convocatoria a un paro.
Bono
En la reunión de ayer también fue puesto a consideración y aprobado el acuerdo firmado la semana pasada en la primera mesa del Diálogo para la Productividad. En esa ocasión funcionarios nacionales consensuaron con representantes de las principales entidades empresariales y con los titulares de la CGT abrir la discusión sector por sector para la concesión de un bono de $2.000 para los trabajadores privados.
El acuerdo firmado desató una interna en la recientemente reunificada CGT, dado que algunos lo consideraron una promesa demasiado modesta como para desactivar el paro con el que los venían amenazando. El camionero Pablo Moyano fue uno de los primeros en manifestarse en desacuerdo y amenazó incluso con abandonar la central. “Si la CGT acepta un bonito o un maquillaje que va a hacer el Gobierno, no tiene sentido estar en un espacio que no defiende a los trabajadores”, manifestó.
Ayer, Schmid dijo que la central aprobó el acuerdo con el Gobierno por el pago de un bono de fin de año y ratificó que los $2.000 rubricados son sólo un “piso”. De hecho, precisó que ya “hay una importante cantidad” de sindicatos que “han cerrado y están cerrando 3 y 4 veces por arriba de ese valor de referencia”. Por otro lado, y frente a dichos de empresarios que salieron a aclarar que el pago del extra no es obligatorio, anticipó que “los que firmaron el acta de acuerdo” y no accedan a pagarlo “seguramente van a tener problemas con las comisiones internas”.
