Entrevista a Federico Moll, Economista de Ecolatina
Federico Moll, economista y coordinador de Modelos y Proyecciones de Ecolatina, concuerda con la visión oficial sobre el nivel de actividad. La caída, sostiene, se detuvo, y en 2017 el PIB podría crecer hasta 3,5%, “liderado por inversiones, tanto públicas como privadas”. Es menos optimista, sin embargo, con la marcha de los precios. “Esperamos un aumento de precios cercano a 23%”, sostiene en diálogo con El Economista. También ofrece su visión sobre el impacto en el consumo del bono que están negociando empresas y sindicatos, el precio del dólar y el debate sobre el endeudamiento.
La economía dejó de caer en el tercer trimestre, dicen en el Gobierno. ¿Ustedes coinciden?
Las señales en relación a los brotes verdes y su potencial florecimiento son mixtas, lo suficientemente positivas para decir que la caída se frenó, pero todavía no alcanzan para hablar de crecimiento. De cara a 2017 nuestras expectativas siguen siendo optimistas, la expansión del PIB llegará a 3,5% liderada por inversiones, tanto públicas como privadas.
Para 2017, el grueso de sus colegas espera una inflación por encima de la meta del BCRA (12%- 17%). ¿Cuál es la proyección en Ecolatina y por qué?
Para entender la inflación es necesario primero tener una idea de cómo fijan precios las firmas. Supongamos que estas calculan un margen unitario de ganancia sobre sus costos. Si éstos crecen, la firma, para mantener este margen, trasladará el aumento al precio de venta. En este marco, la inflación es una consecuencia del aumento en la estructura de costos de las firmas. Ahora bien, ¿cómo se van a mover estos costos en 2017? Las tarifas van a aumentar por encima de la inflación. Sabemos que la carga tributaria no va a caer demasiado y que el aumento de productividad (reduce el costo unitario) no va ir más allá del 2-3%. Además, los salarios van a crecer más que los precios. Nos quedan los insumos importados, atados al tipo de cambio. Es probable que durante el próximo año el tipo de cambio real se aprecie, pero en un contexto de flotación cambiaria esta apreciación tiene límites. En suma, creemos que para que la inflación termine 2017 en torno a 17% el tipo de cambio deberá mantenerse prácticamente fijo, lo cual no parece probable ni deseable, y es por esto que esperamos un aumento de precios cercano a 23%.
Habrá un plus de $1.000 para familias que reciben AUH y jubilados que cobran la mínima, y el sector privado discutirá en las próximas semanas si dará un bono de $2.000, y también hará lo propio el sector público. Una parte muy importante irá a consumo. ¿Moverá la aguja en los últimos meses del año o no?
Supongamos que los casi 10 millones de trabajadores formales, los 3 millones de jubilados que cobran la mínima y las casi 2,5 millones de familias que reciben AUH cobran el bono de fin de año y, además, que lo destinan 100% a consumo. En ese caso, el impacto directo sobre el PIB sería de 0,3%. Pero sabemos que es muy poco probable que los trabajadores del sector comercio y construcción reciban el bono. Tampoco está confirmado que provincias y municipios puedan hacer frente a ese pago. Si excluimos a estos trabajadores, el impacto se reduce a 0,2%. No parece que sea suficiente para influir significativamente en la variación del año, mucho menos para compensar la contracción previa, pero sí podría mover la aguja del último trimestre.
El tema del atraso cambiario, muy presente en 2015, desapareció un poco del debate económico, pero algunos analistas sostienen que el problema sigue y seguirá allí. ¿Qué dicen los números?
El tipo de cambio real de equilibrio es una variable no observable, en ese sentido, es poco lo que los números pueden decir. Sí hay que tener en cuenta que pedir un tipo de cambio más alto es pedir, al menos en el corto plazo, un salario real más bajo. En un contexto en el que la pobreza alcanza a un tercio de los individuos, esto no parece viable social ni políticamente. Por otro lado, hay que ver para quién y por qué este tipo de cambio es bajo. Dado el atraso que el país tiene en muchas áreas (energía, comunicaciones o transporte, entre otros), parece que será más fácil trabajar sobre la competitividad no cambiaria que sobre la cambiaria.
La foto del endeudamiento, dicen en el Gobierno y la mayoría de los economistas coinciden, no es preocupante porque el stock de deuda con el mercado en relación al PIB es bajo. Pero algunos analistas están preocupados por la película y el ritmo de endeudamiento, y en 2017 el país volverá a emitir bastante. ¿Hay que encender alarmas o aún no?
Todos aceptamos que el déficit actual no es sostenible y debe reducirse, pero también que la presión tributaria debe caer y que, en el actual contexto, es necesario reforzar o al menos mantener la red de contención que significa el gasto social. Lamentablemente los tres objetivos no pueden darse al mismo tiempo. El Gobierno decidió avanzar sobre la reducción en la presión tributaria y aumentar prestaciones como AUH, jubilaciones y Asignaciones Familiares, relegando la reducción del déficit en el proceso. Dado el grado de vulnerabilidad de ciertos sectores, está decisión es lógica. Si la deuda se usa para suavizar el camino hacia el equilibrio fiscal, entonces no parece que haya que encender alarmas. Si, por el contrario, el Gobierno pospone las correcciones fiscales indefinidamente y cubre con deuda sus desequilibrios, estaremos nuevamente en una situación compleja.
