El Gobierno anunció esta semana la concesión parcial de las demandas que le fueron hechas por la CGT, lo que incluye un bono de $1.000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y jubilados de la mínima y dispone una mesa tripartita de diálogo para discutir sector por sector la entrega de una compensación de fin de año para los trabajadores. Tal como lo admitió el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, esta discusión encuentra a las diferentes actividades y empresas en una situación muy heterogénea: mientras las grandes empresas se aprestan para la negociación, las pymes y las provincias alertan sobre el delicado estado de sus cuentas y la dificultad que tendrían para afrontar un gasto extra.
Grandes empresas Si bien manifestaron reticencias frente al pedido, luego de que el Gobierno anunciara la constitución de una mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo los titulares de las grandes cámaras empresarias señalaron que están dispuestos a discutirlo. “Hay que verlo sector por sector, debido a que no todas las industrias son iguales, pero si hay un acuerdo general sobre el bono vamos a seguirlo”, dijo Adrián Kaufmann Brea, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Según un informe de la consultora SEL, seis de cada diez empresas líderes cree que los trabajadores les podrían solicitar un bono de fin de año. El monto demandado promedio sería de $5.000, aunque varía entre los $3.000 y los $10.000. Al mismo tiempo, desde la consultora revelaron que el 40% de estas compañías considera viable hacer extensivo el pago de este bono al personal fuera de convenio.
María Laura Calí, directora de SEL, señaló que pese a la disposición de los grandes empresarios a discutir el tema hay “preocupación” entre ellos dado que “los montos demandados son relevantes en términos presupuestarios para las compañías, sobre todo considerando que los ajustes salariales otorgados en este año llegan a 34% en personal fuera de convenio y a 35% en personal dentro de convenio, cinco puntos por encima de las estimación de ajustes que hicieron a fines del año pasado”.
Pymes
En las empresas de menor tamaño, la situación es definitivamente otra. Luego de varios meses de caída de la actividad, el esfuerzo es apenas para lograr sostener los puestos de trabajo a la espera de un repunte de la economía.
“Los que están decidiendo y prometiendo el bono son las empresas formadoras de precio, que son las que pueden trasladarlo o son las mismas empresas que aún siendo productoras son introductoras de productos importados manufacturados, es decir, que últimamente no disminuyen sino que aumentan su rentabilidad. Qué le puede costar dar ese bono a una agroexpertadora, o a una trader que tenga importaciones o al sector financiero con la especulación existente”, le dijo a El Economista el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández.
Fernández dijo que a su sector, formado por más de 500.000 micro, pequeños y medianos empresarios, no le preocupa solamente el bono, sino la situación general: “el deterioro del salario, del mercado interno y del empleo; la apertura de las importaciones y la falta de financiamiento”.
Si bien expresó que “nunca” se negarán a sentarse a dialogar y consideró legítima la defensa del poder adquisitivo reclamado por los trabajadores, el titular de Apyme destacó que “también hay una emergencia pyme que hay que tratar a la par”. Llegado el caso de acordar un bono, Fernández consideró que necesitarán financiamiento para cumplir con el compromiso. “Nosotros no tenemos las arcas del Estado y vamos a necesitar asistencia para hacerlo, pero agregamos a renglón seguido que esto no soluciona la recomposición del mercado interno ni le soluciona a los trabajadores la recomposición del valor adquisitivo, ya que seguramente necesitan ese dinero para cumplir con el pago de las facturas de energía”, concluyó.
Provincias Según un informe publicado recientemente por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el país hay cerca de 3,5 millones de empleados en el sector público, el grueso de ellos (66%) ubicado en la órbita provincial. En el marco de un equilibrio fiscal delicado y luego de haber resignado parte del ingreso del impuesto a las ganancias (el Gobierno Nacional decidió exceptuar hasta $15.000 del medio aguinaldo de diciembre de tributar Ganancias en aquellos sueldos brutos que no superen los $55.000), los gobernadores no están dispuestos a sacar un peso más de sus arcas.
Sin ir más lejos, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró ayer que sin ayuda financiera extra de la Nación “difícilmente” pueda afrontarse el pago de un bono de fin de año a los estatales. “Creo que ninguna provincia lo tiene previsto. Vamos a tratar de dar ayuda a sectores sociales más postergados, pero difícilmente podamos atender este tipo de demandas”, precisó.
