El Gobierno envió al Senado el prometido proyecto de reforma del régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, con la que intenta frenar la litigiosidad laboral en ascenso permanente desde hace más de quince años. Se trata de una vieja demanda empresarial, y una promesa oficial hecha en julio, en la celebración de los veinte años del Sistema de Riesgos del Trabajo.
El proyecto, que fue enviado sobre finales de la semana pasada previa discusión con referentes sindicales y aseguradoras, incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. Por otra parte, las norma propicia que “los peritos médicos oficiales que intervengan en las controversias judiciales deberán integrar el cuerpo médico forense de las jurisdicciones intervinientes”.
De esa manera, el Ejecutivo pretende que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de “cosa juzgada” y acotar la llamada “doble vía”, es decir, que los trabajadores puedan reclamar ante la ART y al mismo tiempo presentarse ante la Justicia.
“En la actualidad, el 70% de las contingencias por un siniestro nacen judicializadas. Es decir, llegan antes a los juzgados laborales que a las comisiones médicas”, argumentaron desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que encabeza Gustavo Morón.
El proyecto advierte además “la necesidad de igualación de los derechos ciudadanos para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran plenamente incorporados a las coberturas del sistema de riesgos de Trabajo”. De hecho, en la actualidad hay 9 provincias y 182 municipios que están fuera del sistema, lo que representa unos 727.000 trabajadores sin cobertura. En ese sentido, el proyecto propone la creación del Autoseguro Público Provincial de modo de “facilitar a las provincias y a la CABA en su calidad de empleadoras una alternativa eficaz a los institutos de protección de los riesgos de trabajo”. La creación de esa figura ?explica el texto? “jerarquiza al empleado público provincial y municipal y resuelve las contradicciones actuales del doble rol que deben asumir las provincias en tanto responsables del control de condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector privado y al mismo tiempo empleadores obligados a cumplir con esa misma normativa respecto de sus agentes”.
Antes de que el proyecto comience a ser debatido en el Congreso, ya se escucharon voces de rechazo. Abogados laboralistas señalaron que la reforma se adapta más a los pedidos de blindaje de los empresarios que a la prevención de los accidentes laborales.
El envío del proyecto al Senado se dio la misma semana en la que la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart) publicó sus últimos datos, que delinean un escenario complicado. Según indicaron, en septiembre se iniciaron 14.333 nuevas demandas contra las ART, que se incluyen en las 89.524 acumuladas en lo que va del año. Este aumento representa una suba del 45% respecto a igual mes del año anterior, “constituyendo una señal de alarma frente a la litigiosidad que supera toda previsión”. Así, la proyección anual se eleva una vez más, y se calcula en torno a los 122.140 casos.
