por Matías Carugati (*)
El frente fiscal es el más criticado por estos días. Las expectativas de los que esperaban una rápida reducción del déficit se tornaron en decepción cuando el Presidente, haciéndose eco del contexto económicosocial, se decidió por un ajuste gradual. Tan gradual que las metas originales debieron ser revisadas. Para este año estimamos que el déficit primario llegue a 4,7% del PIB (frente a 4,1% en 2015) y apenas bajaría a 4,4% en 2017 (por encima del objetivo oficial).
La salud de las finanzas públicas no es problema exclusivo del Gobierno Nacional. A nivel consolidado, las provincias venían manteniendo desequilibrios relativamente pequeños. Sin embargo, sus cuentas desbarrancaron con las elecciones, hasta marcar un déficit récord (primario de $37.664 millones o 0,6% del PIB). Para 2016 se prevé que las finanzas provinciales dupliquen el rojo, ya que la recesión afectó sus ingresos y la inflación potenció los gastos, sobre todo en salarios y jubilaciones (insumen 2 de cada 3 pesos del Presupuesto). ¿Y 2017? Es un período electoral también clave para los gobernadores, con lo cual será difícil recortar significativamente el déficit.
Las provincias están aprovechando la apertura del mercado financiero para salir del paso. Dado el bajo stock de deuda ($269.324 millones a fines de 2015 para el consolidado, de los cuales menos de la mitad son bonos) la mayoría de las provincias posee capacidad para tomar nuevos préstamos. Ello les permite aprovecharse de: 1) la avidez global por invertir en activos de rendimiento positivo; y 2) de la rebaja en la tasa de interés a pagar tras la resolución del conflicto con los holdouts y la reconstrucción de una curva soberana en dólares. En efecto, las distintas jurisdicciones llevan colocados US$ 7.050 millones en lo que va del año, cifra similar al déficit previsto para todo 2016. El ranking lo encabeza la provincia de Buenos Aires, seguida por la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Más aún, Santa Fe logró emitir deuda esta semana a la tasa más baja conseguida hasta ahora (6,9% anual).
Los gobernadores también están sabiendo aprovechar las urgencias políticas de Cambiemos. La falta de mayorías en ambas cámaras del Congreso ha obligado al Gobierno Nacional a negociar ley por ley con la oposición. En la práctica ello implicó pactar con los gobernadores, de influencia directa en el Senado y algo más menguada, pero determinante aún, en Diputados. A cambio de sancionar leyes importantes para el oficialismo, las provincias consiguieron la devolución de los 15 puntos de coparticipación que se destinaban a la Anses ($ 37.000 millones para 2016, en aumento en los próximos años) y la cobertura de los déficit de las cajas previsionales provinciales ($ 14.000 millones anuales). Con el Presupuesto 2017 en discusión, los gobernadores plantean nuevas demandas: 1) la distribución automática de los $ 11.000 millones anuales que componen el fondo de Aportes del Tesoro Nacional; 2) la eliminación completa e inmediata de los superpoderes; 3) la prórroga del programa de refinanciación de deudas con la Nación; y 4) la distribución automática de (al menos) la mitad de los fondos destinados a cubrir los déficit de las cajas previsionales provinciales.
A nivel macro el riesgo fiscal que representan las provincias por ahora es bajo. Dado el contexto global y el reciente regreso de Argentina a los mercados se descuenta que habrá financiamiento disponible hasta fines del año próximo. Los problemas comenzarán más adelante, cuando al Gobierno Nacional se le pida que presente un programa fiscal consistente. Lo mismo le cabe a las provincias. La disponibilidad de fondos se achicará y la tasa de interés aumentará a medida que aumenten las preocupaciones respecto a la solvencia.
De ahí que el acuerdo firmado para avanzar hacia el equilibrio fiscal es una medida positiva pero no muy potente. Para empezar, las implicancias para el 2017 no son exigentes: se pone un límite laxo al aumento del gasto (el corriente no puede aumentar más que el PIB nominal) y el déficit primario tendrá que reducirse sólo en 10% (medido en términos del PIB). Es decir que el déficit primario del consolidado provincial se reduciría en 0,1 puntos del producto. Para los próximos años sólo hay un compromiso en negociar metas que permitan converger al equilibrio en 2019. Evitar una nueva crisis fiscal requiere enviar señales positivas y luego tomar las medidas necesarias. Veremos si los gobernadores cumplen con su palabra o nuevamente le corren el arco a la Nación.
(*) Economista jefe de Management & Fit
