Las gobernaciones provinciales emplean a dos de cada tres trabajadores del sector público del país. Son más de 2,2 M de empleados sobre un total de casi 3,5 M entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), contra 739.097 empleados por la Nación ?equivalentes a 21% del total? y 441.689 de los municipios (13%), según un informe de la consultora Economía & Regiones.
Desde el cambio de gobierno en diciembre pasado, la dimensión del Estado volvió a ser un tema puesto en debate. Con un crecimiento récord de los puestos de trabajo estatales en la última década, la necesidad de racionalizar el sector público volvió a ser parte del discurso de autoridades nacionales y provinciales, que en agosto pasado firmaron un acuerdo que prevé ?entre otras cosas? “mejorar la efectividad del gasto público”.
Sin embargo, desde diciembre, la trayectoria del empleo nacional y el de las provincias fue disímil, muestra Economía & Regiones. Mientras la Nación logró reducir en 0,4% su planta de trabajadores desde entonces hasta junio de este año, en el mismo período el empleo público en las provincias creció 0,1%; una variación leve, pero positiva. En los municipios, también creció otro 0,1%. Como resultado, el sector público consolidado no varió en los primeros seis meses del año.
Pero el comportamiento no fue el mismo en todas las provincias. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires (588.153), la CABA (171.639) y Santa Fe (155.341) presentan la mayor cantidad de empleos públicos, mientras en el extremo opuesto se encuentran Tierra del Fuego (17.178), La Pampa (23.426) y San Luis (28.169). No obstante, tanto en el caso de las primeras como en el de las otras, la magnitud de sus dotaciones obedece más a la magnitud del distrito que a otros factores.
Por eso, contrastados contra la cantidad de habitantes, los resultados son otros. El mayor ratio, según E&R, se encuentra en Catamarca, donde hay 143 empleados cada mil habitantes, seguida por La Rioja (133), Jujuy (112), Tierra del Fuego (109) y Neuquén (100). En sentido opuesto, Buenos Aires es de las de menor cantidad de empleados en términos relativos, con un ratio de 35, seguida de Córdoba (38), Santa Fe (45) y Misiones (52).
Por otra parte, en términos interanuales, las mayores generaciones de empleo dentro del sector público provincial se dieron en Chubut (con un crecimiento de 3,9% entre diciembre y junio), Tucumán (3,2%), Formosa (2,4%) y Neuquén (2,2%). En sentido contrario, el sector público provincial se redujo más en La Pampa (2,8%), San Luis (2,3%), Tierra del Fuego (1,8%) y Mendoza (1,5%).
Una cuestión de salarios
En algunas provincias, el empleo público llega a concentrar hasta 60% del total de trabajadores registrados. Es el caso de buena parte de las provincias del norte como Formosa o Catamarca, donde, como señalaba Félix Piacentini, director de NOAnomics, en uno de sus informes, “el Estado paga mejor que el sector privado, con lo que el impacto fiscal de esta sobreabundancia (de empleados públicos) es aún mayor”.
Las consecuencias de este fenómeno son varias, y en ello entra también en juego los salarios que paga el Estado. “Esto ciertamente termina convirtiéndose en un desincentivo para la generación de empleo privado sustentable en el tiempo, no sólo porque un gasto creciente en personal estatal implica un sendero ascendente de la presión fiscal en todos sus niveles para financiarlo, afectando la actividad económica y dejando en el camino la factibilidad de muchos proyectos de inversión, sino también porque al pagar mejores salarios el Estado termina compitiendo y ganándole al sector privado por muchos recursos humanos que prefieren una remuneración más alta y condiciones laborales más laxas”, advierte NOAnomics. En muchos casos, la brecha entre el salario público y el privado, llega a ser de más de 25% en favor del primero.
La presión fiscal que suponen esos elevados niveles de salario, además, complican el sendero hacia el equilibrio fiscal que el Gobierno Nacional le viene pidiendo a las provincias. En la última reunión de ministros provinciales de Economía con autoridades de las carteras nacionales de Hacienda y Finanzas y del Interior, los representantes de las provincias reclamaron fijar metas menos exigentes a las que pretende el ministro Alfonso Prat-Gay dado que, entre otras cosas, la última cuota de la suba salarial escalonada pautada en 2016 se concretará en estos últimos meses del año y por ende, arrastrará una presión extra sobre los gastos corrientes del primer trimestre del año próximo.
