Tras la audiencia, preparan la nueva suba de tarifas

Aranguren se reunirá hoy con su equipo para ultimar los detalles del cuadro tarifario de gas natural que presentará en octubre. Prevé una suba gradual del precio del combustible en boca de pozo y una reducción de los subsidios hasta su eliminación completa en 2019.

 

Luego de tres días, concluyó ayer la audiencia pública para la discusión del nuevo cuadro tarifario de gas natural. El cierre estuvo a cargo del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien brindó una conferencia de prensa en la que anticipó que esta semana evaluarán lo que dejaron las distintas exposiciones de la audiencia y anticipó que el nuevo cuadro tarifario se anunciará en los primeros días de octubre.

 

“Todo lo se ha escuchado se va a considerar. Acá se hablado no solamente del sector residencial sino también del comercial y del gas comprimido. Vamos a evaluar cada una de las observaciones que se hicieron para luego tenerlas en cuenta en la definición de los cuadros finales”, aseguró. Aranguren reunirá hoy por la tarde a su equipo para comenzar a evaluar las exposiciones y “discutir cuál va a ser la implementación final” de la suba de tarifas, mientras que mañana, el ministro participará de la reunión del gabinete económico social que integra junto a los titulares de las carteras del Interior, Desarrollo Social, Hacienda y Finanzas, y Producción. Asimismo, en los próximos diez días, el Enargás deberá presentar un informe sobre lo que dejó la audiencia.

 

Las modificaciones que se introducirán en el cuadro tarifario a partir de octubre probablemente no cambien mucho de la propuesta diseñada por el Gobierno luego de que la Corte Suprema anulara la suba anterior. Más gradual que la anulada por la Corte, según anunció el ministro Aranguren el viernes en la apertura de la audiencia, la intención de la nueva propuesta de cuadro tarifario es llevar el precio de gas en boca de pozo que pagan los consumidores del US$ 1,29 por millón de BTU actual a US$ 4,69 en abril de 2018 y a US$ 6,78 por M/BTU en octubre de 2019, al mismo tiempo que se reduce para esa fecha la porción de ese valor que el Estado subsidia, del 81% de hoy a 0%.

 

De acuerdo a los cálculos del Ministerio de Energía y Minería, el aumento promedio será de 203%, lo que llevaría a facturas de $ 107 por mes (sin impuestos) para los usuarios residenciales de la categoría más baja de consumo, que son 56% de los usuarios totales; de $ 371 (sin impuestos) para los usuarios de la categoría media de consumo, que representan 31% del total; y de $ 953 (sin impuestos) para los de consumo más elevado, que suman 13% del total. Con esto, 95% de los usuarios recibiría una factura mensual menor a los $ 500 en los meses fuera de invierno, y 79% tendrá boletas de menos de $ 250, según el Ministerio. Precios que, advirtió Aranguren, son considerablemente más bajos que los $ 299 que pagan los 2,6 millones de usuarios que se abastecen de gas a través de garrafas.

 

No obstante, algunos aspectos surgidos en la audiencia podrían ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el nuevo cuadro tarifario. Uno de ellos, es la situación de los comercios y otros consumidores no residenciales, que no se vieron incluidos en el fallo de la Corte Suprema. Planteada en la audiencia centralmente por los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA), la postura de este sector es que los incrementos contemplen la competitividad y rentabilidad de las diferentes empresas. “Un aumento de gas de 300% a una fabrica que consume poco más mientras que otra que sí lo hace lo deja fuera del mercado”, ejemplificó el secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la CAME, Ignacio de Jauregui, durante su exposición en la audiencia.

 

Otro de los puntos que se repitió en varias exposiciones y que será tenido en cuenta por el Gobierno para no repetir los errores procedimentales del incremento anulado es la existencia de múltiples particularidades en todo el país, que hacen muy heterogéneo el impacto de las subas en las tarifas de los servicios públicos, y en particular, del gas. “Todo lo que se haya dicho lo vamos a tener en cuenta, especialmente lo que tiene que ver con las diferencias que tenemos en el país, los umbrales de consumo, y otra realidad que tenemos que reflejar, que es la de las pymes. Reconocemos que hay casos en cuales tenemos que reformular las resoluciones que hemos tomado”, advirtió Aranguren en torno a esos temas y sostuvo que buscarán “evitar que haya saltos bruscos en los lugares que tienen una situación particular”, como la patagonia, la puna y Malargüe, que de hecho, tienen un cronograma de incrementos diferenciado en la propuesta que el ministro hizo el viernes.

 

Además, Aranguren anunció que el Gobierno estará reglamentando en el corto plazo la Ley de entidades públicas y de clubes de barrios que prevé tarifas diferenciales para esos casos, y sumó a esos puntos la situación del GNC, cuyo precio se duplicó en los últimos doce meses, en parte a causa del encarecimiento del combustible. “Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario a consecuencia de esta audiencia pública y comunicaremos las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos”, prometió.

 

Entre las críticas que se destacaron durante el fin de semana, una fue la del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien advirtió que al estar dolarizados los valores del precio de gas en boca de pozo que pagarán los usuarios, ante una suba del tipo de cambio nominal (como la que prevé el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno para el año que viene), el incremento sobre los usuarios sería aún mayor. “Si hay otra devaluación, este tarifazo se potencia”, advirtió el diputado del FpV.

 

Asimismo, Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pidió que el aumento para los usuarios no alcanzados por la tarifa social sea indexado por el porcentaje de crecimiento de los salarios y los haberes jubilatorios.

 

Luego de la audiencia, el Gobierno se preocupó por dejar sentado que había dado cumplimiento a los mandatos del fallo de la Corte. Sin embargo, no se puede descartar que haya nuevas judicializaciones de la cuestión una vez que se pongan en practican los nuevos aumentos. Es que, en su fallo, el Máximo Tribunal pide “razonabilidad” y “gradualidad” en el incremento, dos conceptos que estarán sujetos a la interpretación de los jueces. No obstante, con el rechazo del juez platense Alberto Recondo, al último planteo del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), los obstáculos judiciales parecieron alejarse y el camino al nuevo esquema tarifario, aclararse. “Nos comprometemos a continuar con un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia entre costos y tarifas, y tener en cuenta la necesidad de que ese gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía, y en este caso gas natural, a todos los argentinos”, consideró Aranguren.

 

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