Por cada 3 dólares de deuda que contraiga el Gobierno en 2017, sólo US$ 1 estará destinado a la inversión. Estos datos se desprenden del proyecto de Presupuesto para el 2017 y de un análisis crítico sobre el devenir de las cuentas del Estado que realizó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), y se difundió ayer. En rigor, tal como muestra el informe, en el 2017 la deuda pública se incrementaría por US$ 37.000 M. Y el gasto de capital del Estado en US$ 13.000 M.
La presentación del proyecto de Presupuesto para el 2017 sigue generando muchas repercusiones. Cantidades de informes se están escribiendo en consultoras y think tanks sobre las distintas conclusiones que va dejando el texto presentado. Cierto consenso celebra la verosimilitud de los datos, que permite realizar análisis serios sobre el desempeño económico esperado.
Entre esos análisis, el de Idesa muestra que el endeudamiento pensado por el Gobierno sería poco sustentable a largo plazo por lo poco direccionado que estará hacia la inversión, lo que complicaría las posibilidades de pago de ese endeudamiento. De hecho, por cada 3 dólares de deuda que contraiga el Gobierno, sólo $1 estará destinado a la inversión. Es decir, de esos US$ 3, sólo 1 se dedicará a obras que permitan generar o ahorrar las divisas que luego puedan utilizarse para el pago de la deuda contraída (de hecho, haría falta determinar cuánto de ese US$ 1 se utilizaría para obras que efectivamente generen o ahorren divisas).
El análisis “Estos datos muestran que mantener un déficit fiscal elevado requiere apelar al endeudamiento público para cubrir gastos corrientes y renovar deuda que vence. La contrapartida es un nivel relativamente bajo de inversión pública. Contraer créditos que sólo en parte son destinados a invertir, implica posponer sacrificios presentes por mayores sacrificios futuros. La deuda tiende a crecer a un ritmo superior a la capacidad de repago debido al insuficiente esfuerzo de inversión. Dicho de otra manera, la falta de austeridad actual tendrá que ser asumida en algún momento del futuro”, sostiene el informe.
Al respecto, señala que el proyecto prevé un incremento tanto de los ingresos como de los gastos totales de alrededor del 22% anual, lo que lleva a un déficit financiero total (sin computar transferencias del BCRA y la Anses) de 6,8% del PIB. “Mantener la meta de reducir la inflación con un déficit fiscal tan elevado obliga a apelar al endeudamiento público. Las condiciones internacionales e internas dan viabilidad a esta estrategia, pero tiene baja sostenibilidad en el tiempo”, explica.
Los caminos
El informe de Idesa reconoce las dificultades políticas y sociales que complican las posibilidades de achicar el déficit, entre las cuales el fallo de la Corte que suspendió momentáneamente el aumento de las tarifas del gas es un ejemplo notable. Aun así afirma que el gasto estatal dedicado a financiar empresas públicas a las que considera “inviables”, que además no ocurre en base a obligaciones judiciales, es excesivo. Las transferencias a esas empresas llegarían a US$ 4.000 M e incluyen a la administración ferroviaria, AySA, Radio Nacional, la TV Pública y otras. También incluye a las transferencias a provincias y municipios que se dan para gastos corrientes, por US$ 3.400 M.
