¿Qué es lo que sabemos?

Disponer o no de energía define nuestro potencial de crecimiento. El costo relativo afecta la competitividad del aparato productivo. Definir exige mucha información y mucha conceptualización. Pero no tenemos la información básica, ni cuánto cuesta ni cuánto tenemos.

 

por Carlos Leyba

 

Es oportuno hacer un inventario de lo que sabemos acerca de la cuestión del gas, de lo que no sabemos y de lo que deberíamos saber antes de tomar definiciones. “La información es poder” (Francis Bacon). Y más si se trata es de un bien estratégico para el desarrollo.

 

Si el Estado, responsable del bien común, no dispone de toda la información necesaria no está en condiciones de administrar el presente y preparar la administración del futuro.

 

¿Este es el caso? El Estado no conoce el costo del gas en boca de pozo y no conoce, de fuente propia, el nivel de las reservas. Es muy fácil de resolver.

 

El fondo Hay, en realidad, dos debates. ¿Cuánto deben pagar los usuarios de gas? Las tarifas deben recuperar la equidad (interpersonal, regional, etcétera) y deben inducir ahorro de energía (recursos no renovables, cuestiones ambientales y demás).

 

Pero la discusión de política económica de largo plazo es por el excedente que reciben los productores de gas. Y si además de obtener la compensación del costo y una razonable utilidad, estos concesionarios deben disponer, vía tarifas o subsidios, de un excedente para invertir en acumular reservas. Es decir, si además de la actividad capitalista de las inversiones de riesgo de las empresas, los usuarios (o el Estado) deben proveer, a fondo perdido, los recursos para invertir en exploración.

 

Esa cuestión permanece en la obscuridad hasta tanto no se haga público el costo del gas en boca de pozo y hasta tanto no haya un programa de compromiso de inversiones de las empresas.

 

Disponer o no de energía define nuestro potencial de crecimiento. El costo relativo afecta la competitividad del aparato productivo. Definir exige mucha información y mucha conceptualización.

 

Dijo el ministro Juan J. Aranguren que “no sabe” cuál es el precio del gas en boca de pozo (respuesta pública al diputado José L. Gioja), y luego dijo “no queremos un vínculo donde el Gobierno decida, queremos que decida el sector” (ante los empresarios del sector en el mini-Davos).

 

Agujero informativo y conceptualización difícil de compatibilizarla con el bien común. Recordemos que la segunda línea del Ministerio está integrada por distinguidos funcionarios que han tenido, hasta ayer nomás, importantes cargos en las empresas principales del sector.

 

¿Qué sabemos? Con gas se genera la mitad de la energía que consumimos, del gas depende la marcha de la economía y de la sociedad. El sector está en manos de un oligopolio integrado por tres (3) empresas que controlan el 75% de la producción. El 25% restante está distribuido en 32 empresas.

 

Si bien, desde 2012, el 51% de YPF pertenece al Estado, no es menos cierto que el oligopolio está básicamente en manos extranjeras a las que se las ha concesionado –el petróleo y el gas son del Estado– por décadas. Por ejemplo, a través de YPF, Chevron –cuya relación para ser informada durante dos gobiernos requirió la intervención de la Corte Suprema– tiene una concesión de 35 años.

 

Normalmente, los capitales extranjeros cuentan con una capacidad de lobby apoyada en los países en los que están radicadas. Es lo que esperamos de nuestros embajadores para nuestras empresas. El oligopolio del gas cuenta con el lobby de las principales multinacionales del rubro. ¿El Gobierno chino hizo lobby para lograr que las decisiones desafortunadas K del acuerdo con China sean confirmadas por Mauricio Macri?

 

En la producción de gas no hay regulaciones básicas. Las hay en el transporte y distribución. La conducta del oligopolio productivo se desenvuelve libremente: minimizar la oferta a fin de generar el precio que maximice el excedente de explotación.

 

Entre las regulaciones de concesión no figura la obligatoriedad de reponer las reservas consumidas. Las empresas extraen e invierten, o no, en exploración a su criterio.

 

Tampoco hay regulación de auditoría del Estado, tanto en lo que hace a las reservas declaradas como a sus costos de explotación. La información de reservas surge de las declaraciones juradas de las empresas. Y acerca de los costos sólo existe la información de los balances. El Estado no audita.

 

Sabemos de algunas empresas que han ganado dinero en 2015 y en lo que va de 2016. Y que esa ganancia es menor a los subsidios recibidos que han cubierto los costos y han generado la utilidad.

 

El oligopolio, concesionado por décadas, no está obligado ni a producir gas ni a incorporar reservas. Actúa como oligopolio reduciendo la producción a los efectos de presionar sobre los precios.

 

Pasado y futuro

 

A partir de 1992 el sistema energético se privatizó. Durante todo el período de la convertibilidad operó el libre mercado. En 1997 se inauguró uno de los gasoductos con destino a exportar gas a Chile.

 

Para entonces, el Gobierno y las empresas entendían que la Argentina estaba en condiciones de exportar en forma permanente gas a Chile.

 

La visión de época era que el país tiene gas para vender. Hoy, el Presidente dice “no tenemos gas”. ¿Qué pasó?

 

Entre 1995 y 2003 –con precios libres- las empresas invirtieron apenas US$ 1.651 millones (US$ 200 millones anuales) en exploración complementaria (cuencas de yacimientos adjudicados y en explotación) de gas y petróleo. Y apenas US$ 618 millones (US$ 80 millones anuales) en el Plan Argentina, que consistía en concesiones para explorar nuevos yacimientos en una cuenca dada.

 

Para agrandar los números, las empresas llaman “inversión” a los gastos de explotación de los pozos existentes…pero la inversión para agregar reservas fue poco más de 10% de los gastos de explotación.

 

No hubo inversiones en el período de los precios libres y de la holgura de reservas que llevaba a fomentar la exportación. Las reservas pasaron de 540 millones de m3 en 1992 a un máximo de 686 en 1998 y – sin inversiones suficientes – en 2003 habían caído a 612 millones y, de ahí en más, la caída fue brutal y continuada. En 2014 las empresas declaran 332 millones de m3 de reservas de gas.

 

La ausencia de inversión en exploración y en recomposición de reservas también ocurrió en los años de precios regidos por el mercado y ha continuado hasta nuestros días. Recordemos que Axel Kicillof y Julio de Vido subsidiaron el barril de petróleo por encima del precio internacional y pusieron US$ 7,50 el MMBTU para el “gas nuevo”. No alcanzó. Produjeron menos y no incrementaron reservas.

 

La producción se redujo a pesar de la expansión del consumo. A partir de 2005, se incrementó la importación y el oligopolio bregó por obtener como precio del gas el de importación.

 

Dada la limitación de exportación de Bolivia, se recurrió a la importación de GNL que suma al precio del gas la licuación, transporte y regasificación. Los precios de GLN han oscilado notablemente.

 

En ausencia de regulaciones, la conducta oligopólica es no incrementar, o reducir, las reservas como argumento de presión de precios.

 

Es importante aclarar que las tarifas, reducidas y congeladas, no son los precios que reciben las empresas productoras sino que a esos recursos, surgidos del bolsillo de los usuarios, hay que sumarle los subsidios del Estado para tener claridad sobre el verdadero precio del gas que reciben los productores que es de lo que estamos hablando a pesar que el debate ha adoptado el título de “las tarifas”.

 

La importación de gas licuado se ha prestado a todo tipo de especulaciones incluyendo corruptelas varias y revela la “pérdida de autonomía energética o soberanía energética” y a la vez un importante aporte al déficit de la balanza comercial. Pero también un importante adicional al monto de subsidios (la importación es cara) que genera déficit fiscal.

 

La contribución a ambos déficit de Kicillof y de Vido ha sido ratificada por Aranguren. Hay un doble estándar: el oligopolio rechaza el “export parity” para el petróleo por razones “estratégicas”. Pero respecto del gas reclaman el “import parity”. Y el Estado hoy lo convalida apoyado en el precio del GNL.

 

Los “precios”

 

Pero el GNL no es una commodity. No hay un precio mundial del gas. Sólo el 10% del gas producido es licuado para exportaciones, pero el 65% del consumo del petróleo proviene del comercio mundial.

 

Los precios de importación del GNL no son una señal adecuada para el mercado de gas natural cuando, como en Argentina, la importación es un complemento.

 

La Comisión Regulatoria Federal de Energía de EE.UU. informa que en agosto de 2016, para precios en la frontera, computados 12 países, el menor precio se obtuvo en la terminal de GNL de Cove Point, Maryland, EE.UU. (US$ 1,60 MMBTU) y el mayor precio en Río de Janeiro, con US$ 5,81 y Bahía Blanca con US$ 5,79. La diferencia entre puntas es de 262.5%. ¿Cuál es entonces “el precio” de la commodity?

 

El Gobierno impulsa fijar el precio del gas en boca de pozo por el “import parity” de GNL suponiendo que es un commodity, en US$ 6,89 MMBTU.

 

El precio alternativo sería el del costo del gas en boca de pozo basado en el cost plus.

 

Una estimación en base al Informe Financiero de YPF de 2015 ante la SEC de EE.UU. ubicó una aproximación al costo en US$ 1,90 MMBTU. Es consistente con los precios de algunos contratos de años antes de empresas del oligopolio con usuarios. En marzo de 2002, los operadores solicitaron al Gobierno que fijara el precio para el gas en boca de pozo de $ 3 MMBTU, es decir, que se restaurara el valor de US$ 1 MMBTU de 2001

 

Los pocos indicios privados, sin información oficial, nos permiten suponer que no hay valores de costo superiores a US$ 3 MMBTU del gas en boca de pozo. En EE.UU., el gas natural se comercializa a US$ 2,66 MMBTU y a US$ 2 en Canadá.

 

Y, sin embargo, sin tener oficialmente información de costos, el ministro propone un precio de US$ 6,89 MMBTU en boca de pozo.

 

Hasta que no se demuestre que el costo es superior al de los indicios, esta decisión propone una protección efectiva del 100% al oligopolio, y eso deteriora todas las condiciones de competitividad de la actividad nacional.

 

No es una decisión menor. Pero no tenemos la información básica, ni cuánto cuesta ni cuánto tenemos. A confesión de parte relevo de prueba. Eso es lo que sabemos.

 

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