El titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, sostuvo ayer que dada la alta litigiosidad laboral existente en la Argentina, es posible que el sistema de riesgos del trabajo no resista más de dos años antes de colapsar y abogó por una reforma urgente de la ley que lo regula. Asimismo, sostuvo que las ART existentes son pocas (7 concentran el 60% del mercado) ya que se han achicado y fusionado debido a la inestabilidad del negocio y deseó que se incorporen “más actores al mercado”.
En el marco del vigésimo aniversario de la creación del sistema de riesgos nacional Morón estuvo junto a su par chileno, Claudio Reyes Barrientos, que también se quejó de la “maraña legislativa” y explicó sus estrategias para optimizar el sistema.
“La litigiosidad es el problema, y si sigue así el sistema de riesgos de trabajo no dura más de dos años, ya que se producirá el colapso del sistema. Tenemos una ley que se empezó a armar en febrero y ya sufrió 78 versiones”, comentó al aludir a la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo. Morón comentó que actualmente las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) tienen 300.000 juicios por casi US$ 5.000 millones y que la ley debería “paliar este problema” y hacer que ante un accidente laboral intervenga una comisión médica y su decisión sea cosa juzgada. Morón se quejó que en la Argentina “el 70% de los trámites se judicializan y terminan en juzgados laborales, sin pasar por una comisión médica”.
Los datos muestran que en los últimos años Argentina bajó la accidentología y la mortalidad. Según Morón, en 2015 hubo 700 muertos por razones laborales mientras que, si no hubiera existido el SRT, hubiera habido 3.000. En este sentido, señaló que “lo más importante es trabajar en la prevención”.
En Argentina son 21 las ART existentes y 7 las que concentran el 60% de trabajadores. “Son pocas, se achicaron y fusionaron por la inestabilidad que genera la litigiosidad. Aspiramos que lleguen más actores al mercado”, dijo Morón.
El caso chileno
Por su parte, el representante chileno, Claudio Reyes Barrientos, coincidió en que lo fundamental está en “la idea de la prevención y en que la calificación médica no esté en manos de los que administran”. Según dijo, en su país la tasa de accidentes laborales bajó del 35% existente al momento de la creación del sistema, a fines de los '60, al 3,7% en 2015.
Reyes Barrientos señaló que en Chile se avanzó protocolizando enfermedades profesionales, especialmente las óseo musculares y las mentales. Cuantificó que los accidentes laborales demandan 21 días promedio de licencia y que el mercado chileno de riesgos de trabajo tiende a jubilar a la persona accidentada calificándola de inválida, en cambio logar su rehabilitación y su reinserción laboral.
El funcionario trasandino sostuvo que el costo del seguro, es decir la tasa promedio de cotización del seguro social de las aseguradoras de trabajo, es del 1,7% y agregó que por eso comenzaron a construir en el 2014 una Política Nacional de Seguridad en el Trabajo. “Actualmente tenemos una maraña legislativa, por eso planteamos una ley marco de Prevención de Riesgos Laborales”, explicó y comentó que la superintendencia chilena como organismo fiscalizador “tiene otorgada una capacidad administrativa” que le permite actuar a manera de tribunal de apelación.
“Lo que más se nos judicializa son los procesos sancionatorios a las mutuales”, dijo al aludir a las ART de Chile. Por otro lado, consideró que la primera responsabilidad en la seguridad del trabajador proviene del empleador. “No creemos en la filosofía del autocuidado”, dijo.
