por Rosendo Fraga (*)
El problema central que enfrenta la Argentina con las inversiones es su Historia. Es que, entre 1947 y 2003, cambió la composición de la Suprema Corte con métodos no normales en diez ocasiones. No es fácil creer que se mantendrán las reglas de juego teniendo en cuenta este antecedente. Pero hoy Argentina presenta la posibilidad de un cambio, pero éste deberá sortear la duda de si esta vez será finalmente distinto. Es decir, si se trata de un cambio transitorio ?como varias veces ha sucedido en los últimos setenta años? o se inicia un proceso largo ?como tuvo lugar en la segunda mitad del Siglo XIX?.
En este contexto, la actual Administración ha tenido como acierto más importante mostrar que un Gobierno que cuenta con sólo un quinto de la Cámara Alta, un tercio de la Cámara Baja y nada más que cinco de veinticuatro gobernadores puede tener gobernabilidad.
Al iniciar su gestión, Mauricio Macri convocó al “arte del acuerdo” y lo concretó al tener dos tercios en el Congreso para terminar con el problema de la deuda, lograr la aprobación de la reforma jubilatoria y el blanqueo y que los senadores aprobaran sus propuestas para cubrir las vacantes de la Corte.
Como error más importante se puede mencionar cierta limitación para entender las diferencias entre la gestión privada y la pública. Es que la última, requiere procedimientos y requisitos que muchas veces, los que provienen del ámbito privado, tienen dificultad para conocerlas. Un ejemplo de ello es la falta de audiencias públicas, previa al aumento de tarifas.
Pero es mejor que el Gobierno asuma sus errores y los corrija, antes que persevere en ellos. Esta Administración ha mostrado aptitud para corregir, aunque no debe abusar de esta virtud porque puede perder credibilidad.
En cuanto a la gestión, el Gobierno tiene un gabinete económico integrado por siete funcionarios. Pero debería organizar un gabinete social. Trabajo, Desarrollo Social y Salud tendrían que reunirse semanalmente para repasar los avances en su agenda de trabajo común, coordinados por el jefe de Gabinete. También hace falta un gabinete de seguridad pública y en función del cual, se reúnan los ministros de Interior, Seguridad Pública, Justicia y, eventualmente, Defensa. El Gobierno debería así funcionar con tres gabinetes: económico, social y de seguridad pública.
En cuanto a la confianza, que es clave para las inversiones, sólo se genera con el tiempo. No se logra de un día para otro. El secretario de Estado de los EE.UU., cuando visitó Argentina la primera semana de agosto, fue claro al decir que las inversiones requieren “tiempo”. El Gobierno puede fijar reglas de juego y ofrecer incentivos económicos, pero será el mantenimiento de ellas a través del tiempo lo que generará la confianza. La historia no se borra de un día para otro.
Respecto a la preocupación por el costo laboral, lo más importante es reducir el alcance de la litigiosidad. Los juicios laborales se han transformado en el costo más imprevisible y en gran medida no puede calcularse. Regular este problema es vital y lo es para todas las actividades laborales.
En lo que atañe al sindicalismo, este no es un problema inmanejable para el Gobierno. Macri, tanto en su actividad empresaria como en su actuación como jefe de Gobierno, mostró capacidad para dialogar y acordar con los sindicatos y en los primeros meses de Gobierno como Presidente lo ha confirmado. El problema no es el sindicalismo, sino la inflación. No puede pretenderse que los sindicatos acuerden aumentos del 30% si la inflación supera el 40%, o que los gremios no pidan actualizar los incrementos si acordaron un porcentaje y después este queda por debajo de la inflación.
En este campo, el Gobierno primero trató de imponer una pauta salarial, pero después asumió, con realismo, que frente a una inflación creciente tenía que flexibilizar su posición, como hizo. Las paritarias son el mejor mecanismo para fijar salarios y gran parte de la estructura gremial las discutió y acordó en el primer semestre de 2016.
En materia de vulnerabilidades, el Gobierno debe prestar atención a lo que sucede en la calle, donde se lo percibe débil. Los ministerios de Seguridad Pública y Desarrollo Social son las herramientas para manejar este tipo de conflictos, que han comenzado a escalar en agosto. Las redes sociales son relevantes como ámbito de desarrollo de la acción política, pero la calle también.
La gran cuestión pendiente es la agenda social. La combinación de recesión con alta inflación en lo que va del año ha deteriorado los indicadores sociales. Cabe recordar que la mitad de la población económicamente activa está formalizada y la otra mitad no, y es en esta segunda mitad donde la situación es más difícil cuando escala la inflación. El Gobierno tiene políticas correctas, pero le cuesta implementarlas. Un ejemplo de ello es la devolución del IVA a los alimentos básicos hasta $300, a los nueve millones de “vulnerables”. En el primer mes, sólo recibieron esta devolución 670.000 personas ?menos del 10% al cual va dirigida la política? y el monto promedio fue de $140, menos de la mitad de la cifra que podían recibir.
Finalmente, un dato central para la credibilidad de la inversión será lo que suceda en la elección de medio mandato que tendrá lugar en octubre de 2017. Si el oficialismo la gana, se comenzará a asumir que será un ciclo político de ocho años pero, si la pierde, se le adjudicará un horizonte de cuatro. En siete de las ocho elecciones presidenciales realizadas desde 1983, la elección previa a la presidencial anticipó lo que sucedería en ella.
(*) Director del Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría
