por Jorge Colina (*)
Es muy reconfortante volver a contar con un instrumento tan vital para la vida republicana como el Presupuesto público, libre de manipulaciones y falsedades arteras. Es auspicioso este retorno a la transparencia, la posibilidad de ejercer un efectivo control ciudadano y, fundamentalmente, generar instancias de debate serio y maduro en torno a cómo reencauzar las cuentas públicas.
El Presupuesto da claras muestras de gradualismo. No hay ningún tipo de ajuste abrupto sino más bien la táctica de ir haciendo crecer menos las variables nominales a fin de ir convergiendo hacia tasas de inflación más consistentes con las planteadas en las metas.
Esto se observa cuando se proyecta que los ingresos y gastos del sector público nacional crecerán ambos a razón del 22% anual, lo cual implica que el déficit fiscal no disminuye de manera importante. El déficit fiscal primario se mantiene en 2,3% del PIB, el financiero total ?computando el pago de intereses de deuda pública? en 4,9% del PIB y, si no se computaran las transferencias del BCRA y la ANSES como ingresos del Estado, el déficit financiero total es de 6,8% del PIB para el año 2017 (o sea, el segundo de la gestión).
Optar por el gradualismo implica que se apelará a tomar deuda pública para financiar gastos corrientes. De hecho, lo que se proyecta gastar en el 2017 como gasto de capital es apenas un tercio de lo que aumentará la deuda pública. Es una decisión válida, y hasta incluso inteligente, si es que la población prefiere evitar los shocks. Pero lo que no se debe hacer es creer que el ajuste que se evita con el gradualismo no se hace en el futuro. Cuando llegue el momento de los repagos (o renovación de la deuda), los que hoy prestan con facilidad y entusiasmo se van a poner recios, y van a argumentar críticamente que se volvió a cometer el “pecado capital” de usar deuda para financiar gasto corriente. Esta es una historia ya vivida.
Por eso, el gradualismo no es para sentirse aliviado sino para tener un poco más de tiempo a fin de identificar derroches y delinear reducciones. En otras palabras, hay que ir buscando los espacios fiscales para bajar el déficit fiscal. En este sentido, las autoridades ya están embarcadas en la reducción de los subsidios a la energía, que serán hechos con progresividad.
Ahora hay que empezar a inducir mucha mejor gestión en las empresas públicas, y en algunos casos hasta plantearse la pertinencia de su existencia, que es donde hay importantes derroches. Para el año 2017 se prevén $72.000 millones de subsidios a las empresas públicas. La otra dimensión que debe ser sometida a una profunda revisión son los innumerables programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda, etcétera, que transfieren recursos a las provincias sin muchos controles ni medición de resultados. Como son intervenciones parciales y episódicas, en “ayuda” de las provincias y los municipios, seguramente que no hacen ninguna contribución importante a las finalidades sociales declamadas. Lo más grave de estos programas es que es duplicación del gasto (porque estas funciones son de las provincias y para ello reciben coparticipación y cobran impuestos locales) y dilución de responsabilidades (porque inducen a que las provincias se desentiendan de aquello que los programa nacionales prometen). Sólo para gastos corrientes de provincias y municipios el presupuesto 2017 prevé $60.000 millones de transferencias por estos conceptos. Posiblemente no todo es ahorrable, pero gran parte es derroche.
En suma, haber recuperado el Presupuesto impone el deber de tener una discusión madura entre las fuerzas políticas para buscar los espacios a fin de reducir el déficit fiscal. El gradualismo no es la solución de los problemas. Es pan para hoy y posible hambre para mañana, si no se toman los recaudos que el gradualismo permite eludir transitoriamente.
(*) Idesa
