por Gabriel Caamaño Gómez (*)
Lo primero que se observa al cruzar las estimaciones del mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, por un lado, con los datos de ejecución presupuestaria disponibles para 2016, por el otro, es que se suspendió el proceso de ajuste fiscal gradual que había caracterizado el primer tramo de 2016. Al menos, durante el último tramo del año. Y que, si bien el sendero del ajuste se retoma en 2017, lo hace a una velocidad mucho más lenta a la inicialmente planteada, incrementándose el diferencial existente en ese sentido respecto del frente monetario.
Profundizando
El proyecto prevé que entre agosto y diciembre de 2016 la política fiscal del Poder Ejecutivo retome el sesgo expansivo, pues el gasto primario se acelerará significativamente, promediando una tasa de expansión de 39,37% nominal anual mientras que los ingresos primarios harán lo propio a una tasa de 30% nominal anual. Es decir, existirá un diferencial de más de 9 puntos porcentuales entre la tasa de crecimiento de los ingresos y la de los gastos primarios. Si se considera el gasto primario corriente, el diferencial será de 10 puntos porcentuales.
Durante los primeros siete meses de 2016 la diferencia entre la tasa de crecimiento del gasto primario y de los ingresos primarios del sector público nacional había sido mínima, ya que los primeros habían promediado un alza de casi 26% nominal interanual y los segundos habían hecho lo propio en torno a un 27,5% nominal interanual.
La contracara del renovado sesgo expansivo es la profundización del déficit fiscal.
En particular, del resultado primario sin las rentas provenientes del BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Previsional Argentino (SIPA). En ese sentido, y tal como veníamos anticipando, el guarismo correspondiente a 2016 estará bastante encima de la meta nominal oportunamente fijada por el propio Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, aunque adentro de las metas expresadas en términos del PIB. Esto último como consecuencia del recálculo que hizo el Indec respecto de la base 2004 de las Cuentas Nacionales, el cual derivó en un incremento de la serie de PIB nominal. En particular, puede observarse que el proyecto de ley de Presupuesto de 2017 prevé que el déficit primario sin rentas del sector público nacional se incrementa significativa en términos del PIB entre agosto y diciembre de 2016 y respecto de igual período de 2015, a diferencia de lo que había ocurrido durante los primeros siete meses de mismo año ya que durante ese último período el rojo primario sin rentas se había mantenido prácticamente estable en términos del PIB.
Como ya anticipamos, la relajación del esfuerzo fiscal no sólo se refiere al último tramo de 2016, sino también a 2017, pues el proyecto de ley de Presupuesto 2017 implica un retoque significativo de la meta de déficit primario sin rentas del sector público nacional prevista para ese año, que inicialmente se había planteado en torno a 3,3% del PIB y ahora se la ubica en 4,2%. En tanto, no se modifican las metas inflacionarias para ese período (12%-17%)
Ergo, no será hasta 2018 que el nivel de déficit primario sin rentas del sector público nacional se ubique por debajo de los niveles comprables a 2015 (-4% del PIB). O, lo que es lo mismo, desde el punto de vista del resultado primario sin rentas, el ajuste fiscal será nulo durante los primeros dos años de la gestión Macri.
Con lo cual, queda claro que el proyecto de Presupuesto 2017 explicita algo con lo cual ya veníamos especulando. Hay un cambio en el enfoque de política económica de la el Gobierno pues éste comienza a dar mucho más peso al enfoque macroeconómico que prioriza a la demanda, buscando que el consumo y la inversión pública sean los motores del nivel de actividad local.
En tanto, la responsabilidad de lograr la tan ansiada “desinflación” queda asignada en soledad a una política monetaria que será condicionada por el sostenimiento de un históricamente elevado déficit fiscal nacional, cualesquiera sea la forma de financiamiento elegida para el mismo.
Como ya hemos explicado en otras oportunidades, esa combinación de políticas implica una profundización del proceso de apreciación real. Lo que a su vez redundará un menor nivel de dinamismo y capacidad de derrame de los sectores productores de bienes y servicios transables.
Por lo tanto, todo indica que 2017 repetirá el patrón de recuperación del nivel de actividad que caracterizó a 2013 y a 2015. Y que, consecuentemente, habrá que esperar a 2018 para ver si la política económica local es capaz de generar las condiciones macroeconómicas necesarias para avanzar hacia un sendero de crecimiento sustentable a partir de entonces.
Lamentable, el proyecto de ley de presupuesto 2017 nos confirma, entre líneas, lo que ya todos temíamos: ingresados en el último tramo de 2016 y con la vista puesta en las elecciones legislativas de medio término de 2017, el cortoplacista ciclo político local comenzó nuevamente a imponer las condiciones.
(*) Consultora Ledesma
