Tras la presentación del proyecto de Presupuesto para 2017, el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Rafael Flores, analiza en diálogo con El Economista, los componentes del proyecto de ley que hacen a la relación de la Nación con las provincias. “Es un Presupuesto de transición hacia el establecimiento de la nuevas reglas de juego”, dice.
El proyecto de Presupuesto 2017 que presentó el Gobierno prevé que las provincias terminen con un déficit mayor este año que el anterior. ¿Por qué va a ser así?
Por varias razones. Una es la caída de la actividad económica, que impacta de lleno en impuestos que están vinculados al ciclo económico, como Ingresos Brutos, que es el principal impuesto en la mayoría de las jurisdicciones. Por otro lado, por reducciones impositivas a nivel nacional como las del impuesto a las Ganancias o las retenciones a la soja, que han generado una caída de los ingresos. Y eso, sumado a que en momentos de recesión, hay una mayor demanda al Estado de salud, de asistencia social y una cantidad de cuestiones que hacen que el gasto aumente. Por eso para mí es importante separar el déficit coyuntural que las provincias pueden tener en un año como este de lo que es el déficit estructural. Hay provincias que en este momento están en déficit pero que tiene que ver con la situación económica y que en la medida que eso se mejore, van a recomponer sus números. Y hay otras que tienen problemas estructurales. En algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires, eso tiene que ver la necesidad de una discusión de un nuevo régimen de coparticipación o algo similar; en otros casos, tiene que ver con comportamientos fiscales riesgosos que han tenido durante los últimos años.
En las últimas reuniones entre funcionarios provinciales y nacionales se discutió introducir cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Es una salida recomendable?
El Régimen de Responsabilidad Fiscal es durísimo. Se sancionó como una norma para establecer una regla fiscal pero es tan duro que nunca se pudo aplicar, por lo que automáticamente hubo que establecer suspensiones. Si se implementara de verdad, más de la mitad de las provincias del país estarían incumpliendo. Hay que pensar una regla que sirva a mediano plazo. No debería ser un problema que en un momento de crisis, una provincia tenga déficit o se endeude en un determinado momento para financiar gastos corrientes. Ahora, cuando esto es algo sistemático, cuando se necesita endeudarse incluso en momentos de crecimiento de la economía, ya hay un problema estructural. Hay que aprender a diferenciar estas dos cuestiones. El Régimen de Responsabilidad Fiscal dice que de ninguna manera te podés endeudar para financiar gastos corrientes, pero la realidad es que cuando hay un momento de caída del ciclo económico, los ingresos del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, caen. Entonces, esta norma obliga necesariamente a bajar el gasto en momentos en que necesitás que el gasto público sostenga la actividad económica.
¿Cuánto se va a sentir en los presupuestos provinciales para el año que viene el acuerdo de devolución de los fondos que cedían las provincias a la Anses?
Es un número importante. Pero si al mismo tiempo eso implica una reducción de transferencias discrecionales, termina siendo no un juego de suma cero, pero casi. Va a haber un reacomodamiento donde va a haber provincias que van a recibir más y provincias que van a recibir menos. Por otro lado, la magnitud de los déficit provinciales igual es muy superior a los números que estamos manejando por el acuerdo.
¿Cómo definirías el proyecto de Presupuesto 2017 en lo que atañe a la relación con las provincias?
Es un Presupuesto de transición en la relación con las provincias. Es parte de esta discusión de nuevas reglas de juego que todavía no están planteadas ni cerradas. El hecho de que el Gobierno diga que no va a prorrogar el período de gracia para el pago de las deudas, que para el Estado Nacional no es mucha plata, implica marcar determinados límites a la relación con las provincias. Es un punto más dentro del establecimiento de las nuevas reglas de juego entre la Nación y las provincias. En términos generales, lo que se está dando y se ha dado a lo largo de estos meses, es un nuevo modo de relacionamiento. Durante doce años hubo un mecanismo con el que uno podía estar en desacuerdo o no, pero todos lo conocíamos. Ahora hay actores nuevos y eso implica que haya todo un proceso de ida y vuelta y de discusión para ver de qué manera se establecen nuevas reglas de juego. Además de que el fallo de la Corte Suprema sobre la devolución del 15% de la Anses también ayudó a que se abriera esta discusión.
¿Qué pasará con las colocaciones en mercados internacionales de las provincias el año que viene?
Las provincias tienen un contexto internacional favorable. Las tasas de interés están muy bajas en todo el mundo y van a seguir estándolo. Hay liquidez a nivel internacional como para conseguir colocaciones. Ahora, también ha quedado claro a partir de emisiones que han hecho las distintas provincias y los intentos de colocación que han hecho otras, que el mercado analiza con mucha rigurosidad cuál es la situación fiscal que tienen. Es decir, no es que automáticamente todas tienen la misma tasa por ser provincias argentinas. No es lo mismo Salta que Buenos Aires o que Córdoba. En eso ha habido una idea equivocada de las provincias de creer que iban a poder salir y resolver todo con algunas emisiones de deuda. Y con las tasas que se han conseguido en algunos casos hubo una luz amarilla porque la carga de intereses si uno se endeuda a ese nivel se puede hacer muy grande en pocos años. Y directamente, hay provincias que no han podido salir a los mercados porque se han dado cuenta que no les iban a prestar.
