Tras la polémica que se levantó en la industria de medicamentos a fines de la semana pasada por la resolución 56/2016 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ahora es el organismo de control de las patentes el que salió a aclarar su posición. Fue en respuesta al reclamo de los laboratorios de capital nacional, nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). Sin embargo, la polémica continúa y aún no está claro cuál será el impacto en la vida cotidiana de los argentinos.
Las pautas de examinación para otorgar patentes químico farmacéuticas “continúan sin modificaciones” en el país, señalaron ayer a la tarde fuentes del INPI. Esto en clara referencia a la resolución 56/2016 que faculta a la Administración Nacional de Patentes a dar por válidos los requisitos exigidos por el Artículo 4 de la ley 24.481, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes, toda vez que se acredite que ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación que los aplicados por la Argentina.
El ente oficial pretende enfrentar así la denuncia de Cilfa que advirtió sobre un impacto en los precios y en la actividad de los laboratorios nacionales. Esta medida, advierte la cámara de laboratorios de capital argentino, puede favorecer “a monopolios extranjeros” y provocar “un aumento en los precios de los medicamentos” en el mercado local.
El eje de la controversia es la posibilidad de que laboratorios multinacionales, con patentes aprobadas en sus países de origen apelen a la práctica conocida como “evergreening”. Se trata de una estrategia de las multinacionales para “obtener patentes para cambios triviales o sin importancia terapéutica de medicamentos ya existentes, con el propósito de extender la vida de la patente original”, aseguró Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cilfa, en diálogo con la agencia Télam.
Gracias al evergreening “una misma invención, que en teoría puede tener un máximo de veinte años de protección, por la estrategia del evergreening puede llegar a tener un monopolio de cuarenta o más años”, perjudicando así a la industria nacional, sostiene Franciosi. Está en juego un negocio de unos US$ 2.500 millones anuales.
Otra mirada
Para el INPI con la nueva resolución “no se afecta en absoluto la calidad del examen de las patentes”. En un comunicado la dependencia aclara que la medida “permite que a partir de ahora al analizar una solicitud de patente se puedan tener en cuenta estudios previos de otras oficinas de patentes del mundo”, y que “el examinador del Instituto puede utilizarlos o no, y de manera no vinculante”. Frente a la postura de Cilfa el INPI explicó que “la prioridad del Gobierno, a través del Plan Productivo Nacional, es cuidar la industria argentina y generar mejores condiciones de empleo para cada uno de los argentinos”.
Por su parte, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que agrupa a los laboratorios de capital extranjero, estiman que en el caso de las patentes “la Argentina tiene los estándares más restrictivos de la región, y de muchos países del mundo”, y advierte que “las decisiones de otras oficinas de patentes deberían, por ende, ajustarse a dichas normativas, para que una patente sea concedida”.
Y agregó que “la legislación de propiedad intelectual entró en vigencia en 2000 y desde entonces, la participación de las empresas identificadas como de capital nacional se ha incrementado, manteniéndose una abierta competencia”.
