Dos objetivos animan los movimientos que está haciendo el Poder Ejecutivo en materia de defensa de la competencia. Por un lado, “normalizar” las reglas económicas para atraer inversiones e impulsar la recuperación de la actividad económica, y por otro, alinear la legislación vigente en el país en materia de competencia en los diferentes mercados con la normativa que rige en los países más desarrollados.
Al respecto, los funcionarios no pierden de vista el objetivo de acercarse a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Entre el 1 y el 2 de diciembre tendrá lugar en París el Foro Global sobre Competencia, al que por primera vez asistirá una delegación gubernamental argentina. En esta línea, el Poder Ejecutivo está impulsando una reforma de la ley de Defensa de la Competencia (25.156), siguiendo el paso que viene marcando el ministro de Producción, Franciso Cabrera. La iniciativa está en un proceso de consultas entre especialistas y cámaras empresarias.
Según trascendió en los últimos días, el eje sobre el que pivotea el anteproyecto de nueva ley de Defensa de la Competencia es el fuerte endurecimiento de las sanciones a los infractores de la norma, a quienes exhiban posiciones cartelizadas, o incurran en actos considerados como conductas anticompetitivas. La propuesta de reforma elevaría hasta miles de millones de pesos la sanción económica para casos en los que la norma actual (ley 25.156) fija multas de hasta $150 millones.
Según informa la agencia Télam respecto al anteproyecto, de esta manera, la magnitud de las sanciones podría superar rápidamente los 10 dígitos, en caso de comprobarse irregularidades como las que se cometieron en el pasado con empresas cementeras, fabricantes de cerveza y de alimentos para mascotas, así como la recientemente denunciada contra la compañía Prisma, propiedad de 14 bancos nacionales y extranjeros y dueña de las tarjetas de crédito Visa.
Antimonopolio
El borrador de nueva norma contra las posiciones dominantes en la economía argentina o ley antimonopólica, contempla por otra parte, la puesta en vigencia de un programa denominado “de clemencia” y de “delación compensada”, con el objetivo de facilitar la identificación y sanción de carteles, siguiendo en este punto la experiencia mundial y regional en la materia.
En cuanto a casos de concentración, el proyecto eleva considerablemente los montos de facturación anuales a partir de los cuales es obligatorio notificar una operación de concentración económica. Hoy ese monto está fijado en $200 millones. Este punto es crucial para los casos de tal situación, según la normativa vigente, se produce en operaciones de fusión entre empresas; transferencia de fondos de comercio; adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda. Asimismo, la reforma legislativa pretende reemplazar la actual Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por una Autoridad Nacional de la Competencia (ANC).
