En el marco de la audiencia pública para la definición de tarifas de gas que comenzará hoy, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, llevará la nueva propuesta de incremento del Gobierno Nacional, que contemplará un camino más gradual hacia los objetivos que habían motivado el incremento de abril, anulado luego por la Corte Suprema.
El ministro será el primero en exponer. En 20 minutos, Aranguren describirá la situación actual del sector, a la que ha calificado en oportunidades pasadas de “distorsionada”, “desigual”, “injusta” y “arcaica”, entre otras apreciaciones, y luego presentará la nueva propuesta de la cartera energética para el precio de gas en boca de pozo y el esquema de tarifas que se le cobrará a los usuarios, más gradual que el inicialmente promovido.
Según se desprende de los documentos presentados por la cartera energética con anterioridad a la audiencia, la propuesta consistirá en una convergencia gradual que implicará lograr en dos años lo que el aumento de abril intentó hacer de shock. Partiendo de un subsidio actual de 81% promedio del precio del combustible en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la nueva propuesta planifica llegar en 2018 a la subvención del 30% del valor pleno del gas, el mismo porcentaje al que llevaba el incremento anulado por la Corte, y a la eliminación total de las transferencias en 2019. La única excepción, serán los usuarios con precios preferenciales en la patagonia, la Ppuna y La Pampa, para los que la meta a tres años será llegar a 57% del precio del gas subsidiado por el Gobierno.
Otra prueba del gradualismo de la nueva propuesta que llevará el Gobierno a la audiencia será que el precio del gas en el PIST que pagan los usuarios pasará del US$ 1,29 por millón de BTU a US$ 4,69 por M/BTU recién en abril de 2018, cuando las resoluciones de abril llevaban el valor a una cifra cercana, de US$ 4,72 por M/BTU en un único incremento.
Además, el plan de incrementos que presentará el ministro Aranguren contemplará para los que reduzcan en 15% interanual su consumo la inclusión de bonificaciones que llegarán a 50% en el caso de los usuarios de menor consumo (R1 a R23), 30% a los de consumo medio (R31 a R33) y de 20% para los de mayor (R34).
De este modo, el aumento promedio a partir de agosto para los usuarios, incluyendo los incrementos de las tarifas de transporte y de distribución, sería de alrededor de 200%, lo que llevaría a facturas de $ 107 por mes (sin impuestos) para los usuarios residenciales de la categoría más baja de consumo, que son 56% de los usuarios totales; de $ 371 (sin impuestos) para los usuarios de la categoría media de consumo, que representan 31% del total; y $ 953 (sin impuestos) para los de consumo más elevado, que suman 13% del total. Así, después del aumento planeado, promete el Ministerio, 95% de los usuarios recibirá una factura mensual menor a los $ 500 en los meses fuera de invierno, y 79% tendrá boletas de menos de $ 250. Agregados los impuestos, no obstante, esos valores se irían $ 144, $ 504 y $ 1.303 promedio para consumidores de bajo, medio y alto nivel de consumo, respectivamente.
Luego, expondrán el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Nicola, quienes dispondrán de 15 minutos, cada uno, así como también Fernando Giliberti, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de YPF, y su par de Total Austral, Hernán Silva, y el director de G&G Energy, Daniel Gerold, tal como anticipó ayer El Economista. Ese tramo de la audiencia será el más centrado en la discusión del precio de gas en boca de pozo.
En un informe que YPF elaboró para el Enargás, publicado en el sitio del ente regulador, la petrolera de mayoría accionaria estatal muestra con el Plan Gas de 2012 como experiencia, cómo las “señales de precios” contribuyen a estimular la inversión y obtener una mayor producción, tal como pregona el Gobierno al intentar actualizar el cuadro tarifario. Desde aquél programa de estímulo, la producción gasífera de YPF creció 18% acumulado, a un ritmo de 5% de crecimiento anual promedio.
En el reporte, la principal productora de gas en el país (con 42% del total nacional) plantea como valor marginal de la oferta de gas (es decir, el número al que es rentable para la petrolera producir, contemplando costos operativos, inversiones y una tasa de retorno nominal de 13% en dólares) los US$ 4 por M/BTU para el combustible extraído por métodos convencionales, US$ 6,2 por M/BTU para el tight gas y US$ 7,6 por M/BTU para el shale. El promedio, da un número cercano a los US$ 6 por M/BTU al que pretende llegar el Gobierno en los próximos tres años.
Más tarde, expondrán representantes de las transportadoras y distribuidoras de gas, como TGS, TGN, Metrogás, Gas Natural Ban, Camuzzi y Gasnor, entre otras. Luego, le seguirán los defensores del pueblo de diferentes provincias y municipios, entre los que se destacan el ex legislador de la CABA Alejandro Amor, y el contador Abraham Leonardo Gak, ex director del Plan Fénix de la UBA, y casi 40 representantes de diferentes asociaciones del mundo civil, como asociaciones de defensa de los consumidores. Todos ellos dispondrán de diez minutos para exponer.
Seguido, será el turno de expertos sectoriales como Diego Calvetti, de KPMG, Juan José Cruces, de la Universidad Torcuato di Tella, Claudio Lozano, Rafael Flores, de ASAP, y Jorge Puig, del Cedlas de la Universidad de La Plata. Finalmente, será el turno de los sindicalistas, entre los que se destacan el dirigente del PTS, Claudio Dellecarbonara, y los líderes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; y de los legisladores, entre los que se anotaron desde la diputada del PTS, Myriam Bregman, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, la massista Liliana Schwindt, los macristas Eduardo Amadeo y Federico Pinedo, y los tres senadores de Neuquén, los dirigentes del MPN Lucía Crexell y Guillermo Pereyra, y la hermana de Oscar Parrilli y senadora del FpV, Nanci Parrilli. Luego, expondrán asociaciones de usuarios no residenciales y cámaras empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras, que pedirán que la suspensión del aumento de abril dictada por la Corte sea expansible también a ellos, y representantes de los gobiernos locales, como los intendentes bonaerenses peronistas Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Leonardo Nardini, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Gustavo Menéndez y Walter Festa, entre otros, así como también Miguel Marcos en representación de La Pampa.
Finalmente, casi 200 personas más hablarán personalmente en calidad de usuarios, entre los que se destacan el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, el economista Agustín D'Attellis, el matancero Alberto Samid, y los dirigentes Luis Zamora y Vilma Ripoll, entre tantos otros. Todos ellos tendrán cinco minutos para exponer.
