por Héctor Rubini (*)
El pasado 15 de septiembre se cumplieron ocho años de la caída de Lehman Brothers, y del inicio de la peor crisis financiera internacional desde la Gran Depresión del Siglo XX. El contagio internacional transparentó no sólo comportamientos incentivados por crónicas asimetrías de información en los mercados financieros. También reflejó deficiencias regulatorias que dejaron demasiado cabos sueltos en relación con las externalidades micro y macro entre entidades y segmentos del mercado financiero (las llamadas network extenalities) y deficiencias regulatorias respecto del tratamiento del descalce de plazos de activos y pasivos, y el impacto directo e indirecto de diversos shocks sobre la posición de liquidez de entidades bancarias y no bancarias.
La respuesta Las reformas posteriores, impulsadas fuertemente por el llamado G 20 que integra nuestro país, impulsaron el avance hacia normas macroprudenciales de exigencia de capitales mínimos en prevención de riesgos emergentes de contagios provocados también por shocks macroeconómicos de origen no bancario.
En los años anteriores a la crisis, las bajas tasas de interés incentivaron el endeudamiento para compra de activos garantizados por préstamos de dudosa calidad. A esto se sumó la promoción las “bondades” de esos activos con seguros contra default (los famosos credit default swaps o CDS) de manera irrestricta.
Además, el Congreso de Estados Unidos había aprobado en noviembre de 1999 la Ley de Modernización de Servicios Financieros (o Ley Gramm-Leach-Blilley) que derogó los artículos de la Ley Glass-Steagall de 1933 que impedían la fusión entre bancos comerciales, de inversión y otras entidades. Esta reforma habilitó la creación de “supermercados financieros” multiproducto y también abrió las puertas a cierta pasividad (e ineficiencia) regulatoria que quedó al descubierto en la crisis de 2008.
Las reformas regulatorias han apuntado a fortalecer las exigencias de capital en base a consideraciones macroprudenciales, pero la velocidad de avance varía según el país.
Estas nuevas exigencias (base de lo que hoy se conoce como Basilea III) se vienen evaluando desde hace casi cuatro décadas. En 1979, el titular de la Superintendencia de Bancos de Inglaterra, William Peter Cooke, había formulado advertencias sobre el impacto macro de los problemas micro del sistema financieros.
Esta cuestión comenzó a ser abordada por el Bank of International Settlements (BIS) de Basilea, pero los criterios de Basilea (I y II) aplicados entre fines de los años '80 y la década pasada no priorizaron el enfoque macro. Dichos criterios incorporaron la obligación de constituir capitales mínimos por riesgo de contraparte, sectorial y de mercado, más el monitoreo diario del llamado “valor en riesgo” de los activos de las entidades. La crisis subprime desnudó no sólo la deficiencia de la normativa prudencial focalizada en indicadores de solvencia, y no de liquidez, ni en su sensibilidad a factores de riesgo macroeconómico.
Miren a Oriente
La crisis de 2008 aceleró la adopción de normas prudenciales en todo el mundo, aunque con una muy diversa velocidad de avance. Estados Unidos, a su vez, aprobó en 2010 la Ley Dodd-Frank que separa bancos comerciales de inversión, pero no es suficiente. El resto del mundo debería también avanzar a normativa que no afecte el normal funcionamiento del sistema financiero, protegiendo a los usuarios del sistema financiero de prácticas abusivas y promoviendo la transparencia informativa respecto de los productos ofrecidos por las entidades.
A ocho años de la crisis subprime, la resurrección de la venta de productos securitizados en Estados Unidos y Europa no ha retornado a las extravagancias del período 2003-2007, pero en la República Popular China las cifras recientes del sistema financiero son preocupantes.
Los números
A fin de 2015, la cartera irregular del sistema bancario chino alcanzó los niveles máximos registrados desde 2006 a poco más de 1,7% del total de préstamos pero, en términos absolutos, aumentó 256% en seis años. En caso de que pasen a condición de incobrables, la autoridad monetaria deberá auxiliar a los bancos inyectando yuanes por no menos de U$S 3,6 billones.
Según los funcionarios chinos, la incobrabilidad es muy inferior a la prevista por calificadoras de riesgo y el FMI, pero las estadísticas oficiales del sector sugieren un aumento permanente de la morosidad. En el corto plazo, la salida de las entidades es la de emitir acciones subordinadas para capitalizar entidades y aumentar la exposición a deudores individuales pero, con un crecimiento económico declinante y una desaceleración de las exportaciones, la demanda de préstamos no crece. Resultado: las entidades siguen ofreciendo crédito a tasas bajas a empresas estatales de limitada capacidad de pago, y las sospechas sobre los balances de las entidades vuelven al centro del debate.
Las cifras oficiales daban cuenta a fin de junio de un stock de deuda incobrable por US$ 317.000 millones, pero economistas y periodistas extranjeros coinciden en señalar que, de aplicarse los mismos criterios que en los países occidentales, el registro contable de esa deuda debería ser de no menos de US$ 500.000 millones. Además, hay otros US$ 750.000 millones bajo observación de las autoridades. Mientras tanto, se desacelera el crecimiento de la actividad, lo que fuerza a los bancos a seguir refinanciando pasivos.
En caso de una crisis de liquidez sistémica, deberá acudir el Banco Central imprimiendo yuanes, o captándolos vía nueva deuda pública. Algo inevitable si se observa que la tasa de recupero de créditos morosos cayó de 43% en 2014 a 32% en 2015. Pero es difícilmente sostenible si las exportaciones dejarán de ser el motor de crecimiento que fue el pasado y ese lugar pasa a ocuparlo la inversión pública en manos de agencias y organismos crecientemente endeudados.
El problema no se limita a las prácticas y estándares del sistema bancario institucionalizado: se agrava también por la bastante opaca interacción con fondos de administración de activos, que sirven de puente entre inversores no financieros y bancos en una punta y gobiernos locales y desarrolladores inmobiliarios, por otra. Una efectiva regulación prudencial exige la total transparencia de esa operatoria, y la exigencia de capitales mínimos y de previsiones que parecen seguir ausentes. Observadores locales y extranjeros coinciden en señalar que ese segmento, conocido como shadow banking, moviliza fondos por el equivalente al del 40% del PIB, pero según el banco JPMorgan, desde hace unos 3-4 años equivaldría al 70% del PIB oficial.
En síntesis, no hay por ahora ningún disparador inmediato de una crisis con impacto global como la de 2008, pero da la impresión de que la exposición del sistema financiero chino a eventos adversos va en aumento, y su inadecuado manejo podría derivar en una crisis de consecuencias imprevisibles.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
