Cristina Fernández de Kirchner reclamó ayer que se revoque su procesamiento y ser sobreseída en la causa por la venta de dólar futuro durante los meses finales de su gobierno. El argumento expuesto por la expresidenta es que se trató de una decisión “política” ajena al ámbito de lo judiciable y que ella no obtuvo “rédito personal” con esas operatorias. Además, pidió a la Sala II de la Cámara Federal que deje sin efecto la inmovilización de sus cuentas bancarias y activos financieros dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, en un escrito de 55 carillas presentado por su abogado Carlos Beraldi. El defensor tildó de “arbitraria” y violatoria “del derecho de la propiedad” la medida tomada contra las cuentas de Cristina el 7 de julio pasado, cuando ella en persona se negó a cumplimentar el embargo de 15 millones de pesos impuesto en la causa. El abogado de Cristina entregó el escrito ante la Cámara en el marco de la audiencia previa a resolver si se confirma o no el procesamiento dictado por Bonadio el 13 de mayo de 2016 contra ella y otros 14 acusados, entre ellos el exministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional, Axel Kicillof. Tanto Kicillof como el también procesado ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y otros diez acusados presentaron su apelación por escrito e insistieron en que la venta de dólar futuro se trató de una decisión política no judiciable.
Defensa
Kicillof defendió ayer su inocencia en una nota publicada en el diario Página 12, titulada “Una causa inventada con efecto boomerang”. Luego Cristina la mencionó y reprodujo en las redes sociales. “Bonadio está en una encerrona: pretende juzgar penalmente las decisiones de política económica. La única forma de evitar el procesamiento que dictó Bonadio era devaluar. Por mi parte, como ocurre con muchísimos argentinos, no coincido con la política económica, financiera y cambiaria del gobierno de Macri. Pero nunca se me ocurriría resolver estos desacuerdos ante la justicia penal. El resto es mera persecución judicial”, señaló.
La causa contra la expresidenta se abrió a causa de una denuncia del 30 de octubre del año pasado presentada por los entonces presidentes del bloque de diputados de la UCR y el PRO; Mario Negri y Federico Pinedo.
