Comienza el debate por la nueva ley de semillas

El Gobierno presentó su proyecto. La Sociedad Rural y la Federación Agraria también dieron a conocer sus iniciativas.

 

Después de varios meses de promesas e idas y vueltas, finalmente el Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó sus lineamientos y objetivos para la modificación de la ley de semillas 20.247, una iniciativa que tanto el sector productivo como las empresas esperaban hace mucho tiempo. Es que luego de enfrentarse con Monsanto por el cobro de las regalías que la multinacional ejercía sobre los productores en las terminales portuarias de manera ilegal –un conflicto que tocó su punto más alto cuando la firma amenazó con irse del país–, el titular de la cartera, Ricardo Buryaile, decidió meterse de lleno en el tema y avanzar en una nueva normativa que “procure un equilibrio entre los intereses de todas las partes y se adecue a la actualidad del país”, según expresa el texto que se presentó ayer ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que preside el massista Gilberto Alegre, y que previamente fue analizado por la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). A partir de ahora, sólo resta esperar a que comience el debate, que al parecer se realizará en las próximas semanas e incluirá las propuestas de entidades pertenecientes a la Mesa de Enlace y diputados de la oposición.

 

Qué dice el proyecto oficial

 

Según trascendió, el Gobierno busca equilibrar la cuestión del patentamiento en las nuevas tecnologías y los derechos de los productores, por lo que establece que el pago deberá agotarse en la compra de la semilla y sus derivados, lo que incluirá todos los conceptos que atañen a la propiedad intelectual, sin contemplación de reclamos posteriores. En tanto, hace hincapié en el acotamiento del uso propio, dado que se propone mantener la gratuidad a quien desee guardar parte de su producción para volver a usar la semilla con excepción de las variedades reproducidas durante las tres primeras campañas posteriores a la adquisición, salvo que se utilice en forma incremental, es decir, que si después de ese lapso se supera la superficie cultivada anteriormente, también habrá que abonar un canon.

 

La iniciativa propone dejar exentos a los agricultores familiares inscriptos en el Renaf (Registro Nacional de Agricultura Familiar), los pueblos originarios y los productores que facturen menos de la suma de tres monotributos de la máxima categoría –es decir, $ 1.800.000 –, estén inscriptos o no.

 

Los pedidos de FAA y SRA El martes, Federación Agraria Argentina presentó su plan, que se basa principalmente en “evitar abusos de posición dominante y monopólica”, según explicó el presidente de la entidad, Omar Príncipe.

 

En una reunión con Alegre, el dirigente agrario se refirió a Monsanto y aseguró que la intención de la estadounidense “de estar por encima de la ley puso en riesgo la siembra de este año, con su pretensión de impedir la libre comercialización, y obligó a la intervención del Estado”. En ese sentido, se mostró de acuerdo con el oficialismo en cuanto al agotamiento del uso con la compra de la semilla –algo que las compañías rechazan–, pero pidió gratuidad hasta las 1.500 toneladas de soja o trigo, para beneficiar a la mayoría de los pequeños y medianos productores del país.

 

En el caso de la Sociedad Rural, una entidad muy cercana al Gobierno, cuyo titular, Luis Miguel Etchevehere, formó parte de las reuniones con las empresas semilleras, acompañó los lineamientos del Ejecutivo y resaltó la necesidad de fortalecer al Inase, el único organismo con potestad de control y autorización de métodos de validación. “Es importante que la nueva ley sea de orden público y que cuente con la única supervisión del Estado”, exigió.

 

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