por Matías Carugati (*) y Máximo Pisa (**)
Ordenar las finanzas está probando ser un desafío más difícil de lo anticipado por el Gobierno. Los ingresos se resintieron por el cumplimiento de promesas electorales y el impacto de la recesión. Además, en el transcurso del año el Gobierno tomó decisiones de incidencia negativa sobre el balance fiscal, tanto por consideraciones políticas como económicas. Por el lado del gasto, el recorte previsto en los subsidios a las tarifas de los servicios públicos se está dilucidando en la justicia. A pesar de todo, el cumplimiento de la meta fiscal para este año está prácticamente garantizado. El Gobierno acotó el ritmo de aumento del gasto en salarios a los empleados públicos y literalmente pisó el freno en toda otra partida de gasto posible. Además, la revisión al alza del PIB redujo el esfuerzo fiscal necesario para alcanzar el objetivo originalmente previsto.
La principal fuente de recursos públicos se desinfla. La recaudación impositiva de julio creció 23% anual (28% acumulado), muy por debajo de la inflación. Este pobre desempeño se explica en un conjunto de factores: (1) freno de la actividad económica; (2) menor presión impositiva; (3) devolución de percepciones; (4) menores aportes patronales, utilizados como mecanismo de “financiación” de empresas en problemas; y (5) dos días hábiles menos de recaudación.
Frente a esta situación, el Gobierno está esforzándose en contener el gasto público. El ritmo de expansión de las erogaciones se desaceleró en junio (+26% anual, +27% acumulado), arrojando una fuerte contracción en términos reales. Al margen del recorte en los subsidios tarifarios, la principal estrategia fue “pisar” los gastos no indexados. La dinámica del segundo semestre será menos favorable, ya que al gasto en remuneraciones, jubilaciones, subsidios y transferencias corrientes se sumarán los compromisos anunciados de obra pública. Así todo, el Gobierno cumplirá con la meta fiscal anunciada para este año (déficit primario de 4,8% del PIB).
El panorama fiscal a mediano plazo es más sombrío. Según el programa presentado a comienzos de año el déficit debería reducirse a 3,3% del PIB en 2017 y luego a razón de 1,5 puntos por año, hasta llegar a 0,3% a fines de 2019. Sin embargo, existen motivos fundados para dudar del cumplimiento de las metas oficiales. Primero, la implementación de la ley de reparación histórica a jubilados, que sólo el año próximo implica no menos de $ 65.000 M (entre reajuste de haberes y pago de sentencias y retroactivos). Segundo, la devolución (escalonada) de los fondos de la Anses a las Provincias. Esta semana se acordó un pago de $ 37.157 M, de los cuales $ 12.375 M es dinero en efectivo y el resto corresponde a un préstamo (subsidiado) que extenderá el FGS-Anses. Para el 2017 se prevé devolver 6 de los 15 puntos de coparticipación, suma que ascendería a $ 28.340 M (más otros $ 14.170 M de un nuevo crédito). Por último, las elecciones de medio término también tendrán impacto sobre la dinámica fiscal en 2017, sobre todo considerando lo que estará en juego.
A corto plazo, el esquema cierra con endeudamiento y un blanqueo exitoso. Al margen del arreglo con los holdouts, el Gobierno Nacional lleva colocados $ 46.034 M y US$ 7.829 M en lo que va del año. Frente a elevadas tasas de interés en pesos (producto del sesgo contractivo de la política monetaria), Hacienda prefirió financiarse con deuda en dólares, cuestión que continuará el año próximo. En un mundo de rendimientos cercanos a cero la deuda soberana argentina resulta atractiva incluso si continúa la compresión de spreads respecto a títulos de otros emergentes, cuestión que el Gobierno buscará aprovechar. Paralelamente, un blanqueo exitoso proporcionará buena ayuda al Fisco. Las estimaciones oficiales hablaban de una exteriorización de activos de US$ 20.000 M, que recientemente fueron revisadas al alza. Entre el pago en efectivo o con bonos del impuesto especial y la suscripción de nuevos títulos el Gobierno podría conseguir suficiente dinero como para cerrar el programa financiero-fiscal del 2016 y cubrir parte de sus compromisos de 2017.
Más adelante, habrá que seguir el mismo camino que tomaron los países de la región que efectuaron correcciones fiscales exitosas. Aprovechar los años de crecimiento para implementar las reformas necesarias y ordenar las finanzas públicas. Lograr una reactivación cuanto antes no solo es importante políticamente sino necesario en términos económicos.
(*) Economista Jefe Management & Fit
(**) Economista de Management & Fit
