Un paso atrás. La decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de dejar sin efecto las subas en las tarifas de gas dejó en evidencia la mala praxis que tuvo el Gobierno para enfrentar un ajuste más que necesario para ordenar la economía. El golpe es más político que económico pues, una vez cumplido los pasos formales, podrá encarar con más decisión la enorme corrección de precios relativos que padece la economía.
Concretamente, tras muchas especulaciones previas sobre lo que podría definir, la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo que obliga al Ejecutivo a dejar sin efecto el tarifazo de gas y retrotraer sus valores a los vigentes antes de los aumentos.
Fue una derrota política contundente y anunciada dado que todos los miembros del Máximo Tribunal votaron de la misma manera, destacando la obligatoriedad de llamar a una audiencia pública en la que el Gobierno deberá dar todos los argumentos para llevar adelante una medida de ese tipo. Por el momento, el fallo de la Corte sólo abarca a los usuarios residenciales que representan el 26% del total aunque seguramente no faltarán los amparos de comercio e industrias. Con este antecedente, el tarifazo en electricidad seguramente correrá la misma suerte.
Hacia adelante Fue un mal paso, pero hay que mirar hacia adelante y “lo pasado, pisado”. Hay que aprender de los errores y, con las audiencias que se realizarán en septiembre, el Gobierno tendrá otra oportunidad para blanquear la cruda realidad del sector energético y la necesidad de comenzar cuanto antes su ordenamiento para evitar una crisis energética en el corto plazo.
El retroceso en las tarifas ensucia las buenas noticias que viene trayendo agosto en materia inflacionaria. De hecho, ya sin los efectos de los ajustes en las tarifas, con el tipo de cambio estabilizado y con una política monetaria que apuntó a tasas de interés reales positivas (algo inédito para lo que fue la política monetaria de los últimos quince años), el IPC se encamina para mostrar un alza de “apenas” 1,5% (o incluso menor), el menor registro desde febrero de 2015 y por debajo de la “inflación crucero” del 2% que nos acostumbramos a tener en la última década.
Más aún, con la vuelta atrás en las tarifas, le podrá generar un impacto directo en el IPC de septiembre de casi 1 punto menos de inflación y, por ende, posiblemente el próximo mes podamos ver un IPC con un alza menor al 1%. La mala noticia es que, tras las audiencias públicas, las tarifas volverán a impactar en el IPC y de nuevo tendremos que diferenciar entre ajustes transitorios y la tendencia. Una lástima para un aspecto que parecía haberse tomado un respiro luego del agitado primer semestre.
Las cuentas
Sin el alza en las tarifas para los residenciales, entonces será el Tesoro el que deberá abonar la diferencia en el precio. Otro golpe para las finanzas públicas. Por el momento, considerando que tras las audiencias el Gobierno podrá actualizar las tarifas, el impacto de la medida generará un incremento del gasto transitorio que podría rondar los $20.000 M. Todo dependerá de cuán rápido se resuelva la actualización de las tarifas. Sin dudas es una “mancha más” para el Tesoro que se prepara para una política fiscal mucho más expansiva en lo que resta del año, pero no pone en riesgo el programa financiero trazado a principio de año.
Así las cosas, y aunque el tirón de orejas de la Corte genera ruidos en el corto plazo, es un activo considerando que hay división de poderes en el país. No hay margen para que el Poder Ejecutivo tome al Congreso y a la Justicia como una simple escribanía, y obliga a respetar los pasos que marca la Constitución. Seguramente la cuestión tarifaria se resuelva más temprano que tarde y el clima de negocios para Argentina seguirá mejorando para aprovechar todas las oportunidades que ofrece el país.
