El deseo y la realidad muchas veces transitan caminos divergentes. La delicada situación fiscal heredada en un contexto político y social muy frágil le quitó grados de libertad a la política económica. Una corrección en shock hubiera sido ingobernable. El Gobierno debe administrar riesgos para encarar el necesario plan de ordenamiento macroeconómico. Pese a los errores y a lo costoso que resultó el primer semestre del año, creemos que lo peor ya pasó. La desaceleración persistente de la inflación, una política fiscal más expansiva y la evidente recuperación de la confianza de los consumidores serán la clave para el repunte de la actividad en lo que resta del año.
Concretamente, como lo marcamos en reiteradas oportunidades, la situación fiscal que dejó el kirchnerismo fue sumamente compleja. Además de terminar el mandato con el peor desequilibrio fiscal de las últimas dos décadas, lo hizo con una presión tributaria récord, con falta de actualización en las escalas del Impuesto a las Ganancias, retención de coparticipación a las provincias y deuda con los jubilados por mala actualización de haberes.
Por el lado del gasto, también había un pesado lastre dado por la elevada deuda flotante y el poco margen de acción (dos tercios del mismo es “inelástico”). Incluso, los gastos “elásticos”, como los subsidios, obligaban a tolerar un ajuste más violento en los precios de las tarifas. Así las cosas, corregir un déficit primario de más de 4% PIB en un contexto de actividad económica estancada no será una tarea fácil para un Gobierno que recién iniciaba su mandato.
Por estas cosas, la estrategia elegida más que gradualista fue sensata. Ante la dificultad de poder bajar considerablemente el déficit fiscal, el Gobierno primero encaró un duro escollo: acordar con los holdouts y salir del default. Lo hizo logrando una reducción del 30% del monto en litigio. El rápido y exitoso plan permitió abrir las puertas del financiamiento y con ello le dio un golpe letal a las expectativas de devaluación.
Los escenarios de estrés quedaron con muy pocas chances. Con la deuda en mano, el Gobierno combinó rebaja de impuestos con poda de gastos. Entre la retracción de ingresos mencionamos: quita de retenciones a todo menos al complejo sojero (0,6% del PIB), actualización de Mínimo No Imponible (0,3% del PIB), devolución de IVA a jubilados y AUH (0,1% del PIB) y ampliación de las asignaciones familiares (0,2% del PIB). Del lado del gasto, lo más importante pasó por la reducción en los subsidios a los servicios públicos (ahora en suspenso) que implican un ahorro de casi 2% del PIB. También acordó devolver la coparticipación a todas las provincias y extendió la AUH a los monotributistas.
Con todo esto, el Tesoro hizo un importante avance en el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas. Como lo comentamos en anteriores columnas, durante el primer semestre del año la brecha entre el crecimiento de los ingresos y el gasto primario se cerró (con subas de 27% interanual) y el déficit primario llegó a $125.000 M.
Lo más destacado del gasto fue el comportamiento heterogéneo, en el que las erogaciones en jubilaciones y subsidios sociales subieron por encima de la inflación mientras que el resto mostró una notable caída en términos reales, marcando claras diferencias respecto a los últimos años.
Así, si bien en términos nominales el déficit primario fue 27% más elevado al de los primeros seis meses del año pasado, dado el crecimiento del PIB nominal (explicado por la aceleración inflacionaria), el déficit primario en relación al PIB bajó de 3,6% al 3,4% mientras que, al considerar el pago de interés, el déficit sube del 5,9% al 6% del PIB. Está claro que esto no quita una situación fiscal vulnerable, más aún con el impacto que tendrá la Ley de Reparación Histórica (2,5% del PIB), pero al menos hay una esperanza de ordenar las finanzas públicas. El bajo nivel de endeudamiento público y el probable éxito del blanqueo le da margen para financiar el bache.
De cara al segundo semestre, hay elementos que invitan a evitar el pesimismo. Es más que clara la desaceleración de la inflación: tras registrar un alza promedio superior al 4% mensual en la primera mitad del año, en julio se ubicó en torno al 2,5% y prevemos que en agosto mantenga la tendencia bajista hasta el 2%. La desinflación ya se aprecia en las expectativas en el que la inflación esperada para los próximos doce meses perforó el 30%. En este contexto mejoró la confianza de los consumidores, y también la del Gobierno.
Así las cosas, de a poco se irán sintiendo los brotes verdes sobre el nivel de actividad. El ordenamiento y sustentabilidad política y social de las medidas adoptadas son claves para el despegue de la inversión mientras el consumo irá recuperando el terreno perdido tras un fuerte ajuste.
