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Aranguren defenderá la suba de tarifas en Diputados

La oposición querrá frenar los aumentos y harán hincapié en sus consecuencias sociales; el oficialismo se centrará en la situación heredada de la gestión anterior.

16 agosto de 2016

La suerte del aumento de tarifas en los servicios de gas natural y energía eléctrica podría definirse esta semana. La Corte Suprema, última instancia en términos judiciales, fallará sobre el tema el jueves, luego de que la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, emita su dictamen al respecto. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, defenderá hoy ?a partir de las 14? los aumentos promovidos por el Gobierno ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el que se encontrará presente, entre otros legisladores, Julio De Vido, responsable último del área energética durante la última década y media. Por lo pronto, en los últimos días el Gobierno salió a buscar consenso en torno al aumento de tarifas como no lo había hecho en ningún otro momento antes ni después de las resoluciones que dispusieron la modificación del cuadro tarifario.

A la búsqueda de consensos

Luego de un documento en el que el Grupo de los ex secretarios de Energía respaldó ?aunque con matices? el accionar del Gobierno en el área, Aranguren se reunió con ellos el viernes y obtuvo su apoyo para la búsqueda de un “acuerdo federal energético”.

También, el Gobierno salió a buscar el respaldo de los gobernadores, que en su momento fueron clave para frenar las subas. Con algunas diferencias y salvedades, en los últimos días se pronunciaron en ese sentido gobernadores de ocho provincias.

Sin embargo, en esa cruzada para generar un consenso favorable a las subas antes del fallo de la Corte, el desafío principal que tendrá el ministro Aranguren es el de enfrentar a los diputados nacionales opositores en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Energía, Consumidores y Obras Públicas, que conducirá el macrista Luciano Laspina junto a De Vido, la massista María Liliana Schwindt y el justicialista pampeano Sergio Ziliotto.

Allí, Aranguren deberá brindar informe sobre los aumentos ?tal como lo hizo ante un plenario de comisiones del Senado recientemente? y responder a los cuestionamientos de los bloques de oposición (centralmente el Frente Renovador, el FpV-PJ y el bloque Justicialista), que la semana pasada intentaron ?sin éxito? derogar las resoluciones que dispusieron los aumentos tarifarios e interpelar al ministro.

En ese sentido, se espera que el debate quede inmerso en un cruce entre el oficialismo y la oposición. Desde los bloques contrarios a Cambiemos pedirán retrotraer el cuadro tarifario a su situación previa a los cambios introducidos por el Gobierno y harán hincapié en el impacto negativo de los aumentos sobre la población en términos de poder adquisitivo, así como también en el conflicto de intereses del ministro por su pasado como CEO de Shell. “Aranguren tendrá que explicar la escandalosa importación de gas de Chile y el negociado de Metanex, denunciado por la diputada (Graciela) Camaño. La voluntad de la Cámara es interpelarlo a Aranguren por todos los escándalos que protagonizó en estos ocho meses y no a la década ganada”, advirtió De Vido a través de su cuenta de Twitter el domingo.

Mientras tanto, desde el Gobierno, harán responsable de la situación actual al mal manejo de la gestión anterior, la cual en el área energética tuvo como protagonista a De Vido, precisamente uno de los legisladores que encabezará la comisión. “Uno de los principales objetivos va a ser que Aranguren empiece su exposición detallando cómo estaba el área, cuál era el déficit y a cuánto alcanzan los cortes de electricidad y gas que se han tenido que producir en los últimos años. Hay mucho que entender sobre la herencia y en eso De Vido va a tener mucho que explicar”, adelantó el legislador Nicolás Massot, en ese sentido. Políticamente, el oficialismo aprovechará también para poner en el centro del debate al ex ministro de Planificación Federal, que en los últimos meses se vio envuelto en el caso de José López.

Capítulo judicial

Por otra parte, la Corte Suprema se pronunciaría el jueves sobre la cuestión, luego de recibir el dictamen de Gils Carbó, que tiene un plazo máximo de tiempo hasta el jueves para opinar sobre el tema.

Lo que defina el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti será clave por no solamente porque es la última instancia judicial a la que se puede recurrir para frenar los aumentos sino porque la decisión del Máximo Tribunal tendrá repercusión sobre los planes del Gobierno tanto en materia energética como para la economía y política en su conjunto.

Si concede el aval al aumento pleno tal como fue dictado en abril, el Gobierno podría evitar en lo que queda del año y en al menos gran parte de 2017 una nueva corrección de tarifas. En cambio, si fuerza al Ministerio de Energía y Minería a retrotraer las tarifas a sus valores anteriores, obligaría al Gobierno a elegir entre llevar adelante un nuevo incremento (con los costos políticos que ello implica) o aceptar un ajuste en la relación de precios y costos de la energía muy gradual y un recorte menor de los subsidios energéticos, uno de los destinos del gasto público que en teoría se presentaban más flexibles a la reducción. En términos macroeconómicos, además, significaría imprimirle aún más gradualismo a un plan de reducción del déficit fiscal ya de por sí gradual. En esa línea, en un mes el Gobierno presentará el Presupuesto de 2016, que contendrá varios datos clave sobre el área, como qué monto alcanzarán los subsidios energéticos y qué evolución real tendrán en función de la inflación proyectada.

Por otra parte, la Corte debería pronunciarse en torno a la necesidad o no de llevar adelante una audiencia pública previo a los aumentos, tal como indica la ley. Recientemente, el Gobierno buscó desarticular ese aspecto anunciando que llevará adelante una revisión tarifaria integral para conocer y dar a conocer los costos a lo largo de toda la cadena energética, un proceso que incluiría también la audiencia pública que el Gobierno se salteó antes de los aumentos recientes con el argumento de que fue una modificación transitoria hasta que se hiciera el proceso de revisión de costos. Pero además, como sostienen los ex secretarios de Energía en su documento reciente y como vienen bregando desde hace meses las compañías del sector gasífero y petrolero, una auditoría de los costos de producir, transportar y distribuir la energía se impone como ineludible para saber llevar adelante las modificaciones que propicia el Gobierno, precisamente para recomponer la relación entre precios y costos.

También en agenda

Otro tema que clave en la agenda del Ministerio de Energía y Minería es el precio del barril criollo, subsidiado por el Estado, y el del gas en boca de pozo, que hace algunos meses el Gobierno aumentó de US$ 2 a US$ 5 ?y US$ 7,5 en el marco de los planes estímulos ideados por Axel Kicillof, con vencimiento en 2017?. Según supo El Economista, el Gobierno tiene el tema en estudio y en agosto podrían comenzar a cambiar las condiciones del precio sostén de entre US$ 55 y US$ 67.

El precio del crudo externo, en ese sentido, es una variable fundamental. En la última semana, la cotización del barril a nivel internacional subió luego de un mes en que descendió 14%. No obstante, la mayoría de los analistas ven un barril entre US$ 45 y US$ 50 hacia fin de año, un buen dato para la intención del Gobierno de quitar el subsidio al barril interno, ya que en la medida en que el crudo externo suba, la diferencia entre éste y el local se achica y por ende, tiene menos costo para las petroleras quitarlo. En parte, el valor del gas se mueve en línea con el del petróleo y por ende, también tendería al alza.

No obstante, en términos políticos, esa medida no está exenta de obstáculos. Ante la posibilidad de que se retire el subsidio y con el argumento de que los precios internacionales no son rentables para la actividad petrolera en el país, las petroleras amenazan con reducir su actividad y sus dotaciones en caso de perder ese subsidio; especialmente en Chubut, donde el petróleo que se extrae ?al ser más pesado y por ende, no apto para refinerías locales?, se exporta en su mayor parte. Asimismo, los gobernadores patagónicos presionan para que se mantengan precios altos dado que, ante lo contrario, corren el riesgo de que se frene la actividad petrolera, se incremente el desempleo y caigan las regalías que explican buena parte de sus ingresos.

Así todo, un precio internacional del crudo más elevado presionaría hacia el alza los costos de las naftas y podría reiniciar el pedido de que haya un nuevo aumento del precio del combustible, algo que ?según trascendió? el Gobierno no permitiría al menos hasta octubre.

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