Después de la polémica por la cláusula Monsanto, por medio de la cual la empresa multinacional cobraba peajes a los productores por el uso de tecnologías en soja en las terminales portuarias, el Gobierno Nacional y la cadena comercial de la soja llegaron por fin a un acuerdo para la transparencia en la comercialización de granos y llevar adelante “un mejor control de las declaraciones juradas”, según explicó el Ejecutivo. Se trata de un nuevo marco normativo que regulará la actividad sin dejar de lado “los acuerdos privados entre proveedores de tecnologías aplicadas al cultivo de la oleaginosa y multiplicadores, productores, acopios y exportadores”, de acuerdo a un comunicado difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La iniciativa contó con la adhesión de las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos, y de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe.
De esta manera, a partir de ahora la cadena deberá respetar la Resolución 207 del Instituto Nase publicó a fines de junio, la cual establece que la toma de muestras y los testeos serán obligatorios durante la campaña 2015/16, y serán supervisados por el mismo instituto, ya que son “de vital importancia a fin de comprobar el correcto origen de la simiente utilizada y declarada por los productores”, explicó el titular del organismo, Raimundo Lavignolle. Los detalles pueden consultarse en Bolsatech, un sistema creado por el INASE en conjunto con la Bolsa de Cereales con el objetivo de lograr el cumplimiento de las normas y habilitar al Ministerio de Agroindustria a aplicar sanciones. Así, se recibirán los datos completos de todas las entregas de granos de soja del ciclo actual para la correspondiente verificación o, de lo contrario, habrá multas.
El único método aprobado hasta el momento mediante disposición de Agroindustria es el presentado por la empresa Bioceres para la detección de la proteína Cri1AC, es decir, la biotecnología Intacta RR2 Pro®.
