“Al suspender la vigencia del tarifazo del gas, la Justicia asestó un duro golpe al plan económico macrista. Nuestra primera reacción frente al fallo fue de frustración e impotencia por una nueva muestra del oportunismo y la desconexión con toda lógica económica básica que caracterizan a los jueces”, sostiene Federico Muñoz en su tradicional informe semanal.
“Varios de ellos justificaron sus cautelares en el carácter 'desproporcionado' de la suba que había decidido Juan José. Aranguren. Con ese criterio, también debieran haber impuesto cautelares en la era kirchnerista para exigir al anterior Gobierno que corrigiera el retraso tarifario no menos 'desproporcionado' que había gestado; retraso que nos condenó a la pérdida del autoabastecimiento energético y al consecuente colapso de las cuentas fiscales”, amplía Muñoz.
“De todos modos, el voluntarismo de los jueces y, en más de un caso, sus aviesas intenciones políticas no dejan de ser datos conocidos de la realidad nacional con los que sabemos que hay que lidiar. Pero debemos reconocer también que el ajuste tarifario presentó vicios de implementación que lo dejaron expuesto a la crítica”, admite.
Una de ellas, dice Muñoz, es que, en el caso del gas, “la suba fue de mucho mayor magnitud” que la de los otros servicios. “Al punto de generar una nueva distorsión: una tarifa acaso demasiado alta”. Según sus cálculos, “el precio del gas subió más que la inflación acumulada de los últimos quince años”.
