Uno de los temas del día lunes fue la decisión del Gobierno publicada en el Boletín Oficial de dotar a la jefatura de Gabinete de la base de datos de la Anses para efectivizar “estrategias de comunicación”. Obtuvo fuerte críticas de los diversos sectores de la oposición.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, convocaron a la prensa ayer por la mañana para responder a las críticas acerca de la decisión del Ejecutivo. Según Peña, la acción “está prevista y permitida por la ley” y advirtió que tiene como único objetivo “mejorar la capacidad de llegar con información a los ciudadanos”. La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, había acusado que la medida va en contra de la Constitución y recordó que “se trata de un derecho plasmado en la ley denominada habeas data”. Su compañera de banca, Mirta Tundis, cuestionó la resolución al preguntarse “¿Por qué no utilizan las bases de datos para facilitarle los trámites a los jubilados?” y aseveró que tiene como objeto “utilizarla para hacer campaña política”.
Peña justificó la decisión y señaló que este tipo de convenios “tiene muchísimos antecedentes en los últimos años”. A su vez, destacó que “el año pasado en la Anses se gastaron mil millones de pesos en publicidad pero no podían contactarse con sus beneficiarios” y agregó, “estamos transformando eso, pero no utilizando medios públicos -como Tecnópolis o Fútbol para Todos- para hacer propaganda política”.
La otra pata del convenio es la Anses, organismo encargado de la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en el país. Su titular, Emilio Basavilbaso, declaró que la resolución será utilizada para “comunicarnos proactivamente, mandando un correo electrónico o llamando por teléfono, a aquellos jubilados que les toca una mejora en su haber”. Y aclaró que los datos que enviará a la secretaría de Comunicación son “teléfonos, mail o dirección postal”. Peña sostuvo que “la base de datos de la Anses es tremendamente incompleta con un tercio de datos de contacto de sus beneficiarios, lo que demuestra cuál era la concepción de la comunicación en la gestión anterior”.
La medida recibió un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, realizado por la abogada Valeria Carreras que justificó que se trata de “información sensible y es peligroso que la maneje un Gobierno”.
