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El Gobierno usará base de datos de la Anses

Se publicó en el Boletín Oficial y el objetivo es efectivizar “estrategias de comunicación”.

26 julio de 2016

El Boletín Oficial difundió ayer que la jefatura de Gabinete podrá utilizar los datos personales de todos los ciudadanos que estén registrados en las bases de información de la Anses para aplicarlos a estrategias de comunicación del Gobierno Nacional. Es en el marco de un convenio firmado entre la Secretaría de Comunicación nacional y el organismo que conduce Emilio Basavilbaso firmada por el jefe de los ministros, Marcos Peña. La resolución tuvo fuertes y rápidos cuestionamientos de buena parte de la oposición.

Convenio

Con los datos de la Anses, la Secretaría de Comunicación que encabeza Jorge Grecco, podrá evaluar “temáticas de interés en cada localidad del país”. El organismo remitirá periódicamente su base de datos relacionada con nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos. La Secretaría que depende de la Jefatura de Gabinete considera que estos datos son necesarios para “instrumentar las políticas de comunicación pública”.

Los anexos de la resolución establece que la Secretaría de Comunicación “debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual o instantáneo”. El convenio es por dos años y según el texto publicado en el Boletín Oficial la información que se obtendrá no es “sensible” y no pone “en riesgo la intimidad o el honor de los titulares del dato”. Las dos partes del trato pueden rescindir el acuerdo “sin expresión de causa”.

Cuestionamientos

La cuestionada decisión del Gobierno obtuvo rápidamente variados rechazos. Nicolás del Caño, ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda calificó el convenio como “un avance contra las libertades democráticas”. Evaluó que el Gobierno podría darle “un uso electoral” y lanzar “campañas contra políticos y distintas personalidades”.

La diputada nacional del Partido Socialista, Alicia Ciciliani, sostuvo que esta medida es “peligrosa” y que “tenemos que tomar todos los recaudos para cuidar la privacidad de la gente”. “Se debe priorizar la privacidad, porque el límite difuso entre el hostigamiento y la penetración en temas partidarios es peligroso”, sostuvo.

A su vez, Graciela Camaño, del Frente Renovador, anunció que hará “una presentación judicial” contra la resolución y aseguró que lo que pretende realizar el Ejecutivo a través de este acuerdo “esta prohibido”. “Viola la Constitución nacional”, sostuvo la diputada massista.

El Gobierno argumenta que “el intercambio de información contribuirá también a promover el desarrollo, la modernización y la economía administrativa integral, en donde los recursos y procedimientos técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, austeridad y celeridad en beneficio de los administrados”.

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